En los primeros días de agosto, el Ministerio de Trabajo rescató a casi 20 trabajadores y trabajadoras que estaban en condiciones análogas a la esclavitud en dos establecimientos cafeteros en Minas Gerais.
“Los trabajadores de la hacienda Fartura y Côrrego das Almas entraron en contacto con la Adere para denunciar y pedir ayuda por problemas con el alojamiento.
Nosotros coordinamos con el ministerio el envío de un equipo de auditores para fiscalizar la situación en ambos establecimientos donde fue constatado lo que suponíamos: trabajo esclavo”, informó Jorge.
Las dos haciendas contaban con la distinción de más de una empresa certificadora, no solo por la calidad de sus productos sino por las condiciones laborales.
“En el caso de la finca Fartura, los trabajadores dormían en el piso, se les realizaba descuentos absurdos para pagar a los intermediarios (gatos) y se los dejaba sin comida luego de realizar cargas excesivas de trabajo a diario”.
Minas Gerais es uno de los estados que lideran la lista negra del trabajo esclavo en Brasil.
Jorge considera que esta vergonzosa realidad se perpetúa a lo largo de la historia porque la ausencia del Estado es estridente.
“El Ministerio de Trabajo está completamente desmantelado. Acá en nuestra región la cartera cuenta con cuatro auditores para la fiscalización de 72 municipios, para auditorías rurales y urbanas. Es un chiste. Además la falta de recursos limita enormemente la tarea de fiscalización”, apunta.
Por otra parte el dirigente evalúa que el gran debe con el tema trabajo esclavo es que quienes se valen del mismo, una vez que son descubiertos no son detenidos ni reciben ningún tipo de punición.
“Los esclavistas no van presos, pero si un trabajador rural roba un paquete de harina de maíz seguramente vaya a la cárcel. Este es el Brasil que no queremos, es necesario que las leyes se cumplan y que a estos empleadores se les embarguen sus propiedades y se las expropie para la reforma agraria”.
Con la homologación de nuevas leyes y la aplicación de la reforma laboral la situación se agravó.
“Los trabajadores y las trabajadoras han quedado totalmente desprotegidos y las puertas de la justicia laboral se les ha cerrado”, dice Jorge.
“La mayoría son personas con una escolarización muy baja o analfabetos, situación que los empleadores utilizan para hacerles firmar contratos y documentos que van contra sus derechos y ahora cuando ellos quieren denunciar la estafa ante la justicia deben acarrear con los gastos del proceso”.
La certificación tiene un fin económico y no social, ya que estas empresas obtienen porcentajes de las ventas de los productos que certifican.
“Las certificadoras llegan siempre antes de la zafra, cuando en realidad los problemas con las condiciones laborales se dan justamente durante ese proceso
Y este es un tema que hemos denunciado y advertido a Starbucks, UTZ y otras.
Hay una falta total de transparencia en los procesos llevados adelante por estas compañías y por las certificadoras, ambas son cómplices del trabajo esclavo en Brasil”.