Este nutrido auditorio demuestra que el movimiento sindical tiene capacidad de lucha y resistencia y es sobre esto que voy a hablar.
A los abogados nos cabe la defensa jurídica sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras pero esta por sí sola no es suficiente.
En las presentaciones iniciales de este encuentro, en especial las de Gerardo (Iglesias) y del doctor Sandro (Sardá), se dio la dimensión de nuestro desafío, que no se limita a lo técnico jurídico ni es algo cotidiano de la lucha sindical sino que nos abarca como ciudadanos y ciudadanas en la defensa de la democracia y de nuestros derechos constitucionales.
Cuando hablamos de defensa jurídica de la salud de los trabajadores estamos hablando de una tarea de concretización de derechos que ya han sido consagrados en la Constitución de la República.
Pero para que podamos lograrlo es indispensable contar con las herramientas que garanticen que nuestros derechos sean respetados.
Vale decir que cuando abordamos la coyuntura social actual de Brasil debemos destacar que la justicia laboral está bajo ataque, que el Ministerio Público de Trabajo está bajo ataque, que la fiscalía laboral está bajo ataque, que el sindicalismo está bajo ataque.
De una forma muy inteligente y perversa llegaron a la conclusión de que no alcanzaba con realizar una reforma laboral como la de 2017, sino que además debían, de manera paralela, hacer que la justicia laboral fuera menos accesible, que se deprimiera presupuestariamente.
Que había que estigmatizar al Ministerio Público del Trabajo por la labor que desarrolla, acusándolo de parcial y por otra parte determinaron la extinción del Ministerio de Trabajo como tal.
Los auditores fiscales viven amenazados y cada día su poder se ve disminuido. Y qué decir de los sindicatos que perdieron el impuesto sindical y se vieron duramente impactados en su financiación.
El derecho laboral, por su parte, se enfrenta a una caída sustancial del número de demandas teniendo en vista los riesgos de impago por parte de empleadores y eventualmente de los trabajadores.
Hoy la Justicia Laboral está vacía, porque siempre fue un ámbito popular y ahora está en jaque.
Por lo tanto es primordial ver cómo movernos en este escenario y creo que el mecanismo de las acciones civiles públicas es el camino para hacer valer los derechos laborales y sociales.
Nuestra Constitución nos da las herramientas para ello.
El MPT es un ejemplo de que se puede dar batalla y resistir.
Tenemos que preservar la función social de cada institución y el MPT está en la vanguardia de esto.
Las acciones civiles públicas son herramientas que los trabajadores y las trabajadoras tienen a su alcance para revertir el atropello de los derechos, sobre todo si estos atropellos ponen en riesgo la salud y la seguridad de los obreros, hombres y mujeres.
Siempre es posible adelantarse y prevenir los daños. Es preferible a hacer luego hacer un juicio colectivo cuando los daños a la salud son irreversibles.
Es primordial utilizar estos mecanismos, primero para prevenir y luego, en caso que sea necesario, para reparar. Estas medidas han demostrado que pueden ser efectivas inclusive en momentos tan adversos como el que estamos viviendo en Brasil.
Pero para ser efectivos tenemos que estar coordinados.
El proyecto de Reforma Laboral de 2017 tocaba apenas tres puntos centrales, pero el parlamento realizó una feria de enmiendas, convirtiéndose en un mercado donde los que votaron la reforma tal cual está hoy, canjearon o vendieron favores políticos.
Es una vergüenza, pero la norma se mantiene sin ningún tipo de miramientos y sin sostén jurídico.
La reforma laboral vino para quitar derechos a la clase obrera y aumentar los de la clase patronal.
Todo lo que dispone tendrá consecuencias sobre la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras, lo que nos desafía a buscar estrategias para enfrentarlos.
Entre las propuestas está posicionarnos interpretando lo que está dispuesto en la Constitución, argumentar inconstitucionalidades, atacar situaciones de fraude.
Porque decir que el hurto no es delito no legitima el hurto, de la misma manera que decir que la explotación no tiene límites, no la hace legítima.
Tengo confianza en que las organizaciones sindicales del sector de la alimentación darán pelea porque han sido un espejo donde mirarnos para quienes defendemos el estado social de derecho.