La CPT es una organización vinculada a la iglesia católica que trabaja desde 1975 junto a los campesinos, asalariados y trabajadores rurales en la defensa de sus derechos.
Desde entonces acompaña de forma activa los conflictos vinculados a la tierra, sobre todo en la región amazónica donde se registran los índices más altos de violencia contra pueblos originarios, trabajadores, sindicalistas, activistas y defensores de los bienes comunes.
En ese sentido es una de las aliadas a la Contag en la tarea de combate a la violencia en el campo.
“Mi presencia acá responde a la necesidad de articular y unificar esfuerzos entre todos, porque lo que se viene no dará lugar a sobrevivir. Vienen a matar a las familias que no quieran salir de sus tierras, a las comunidades que se resistan. La situación es muy grave”, afirma el coordinador de la CPT Goiás.
Saulo enfatizó sobre el hecho que estos desalojos violentos que están ocurriendo en todo el país se agudizaron en los últimos años y teme que este 2020 sea el peor.
“Gran parte del aumento de los casos de violencia en el campo se deben a las nuevas medidas tomadas por el gobierno de Jair Bolsonaro como la PEC 910, sobre regularización agraria que no es otra cosa que la legalización de la usurpación de tierras”, advierte.
Según informó la CPT, las familias que están en riesgo están trabajando esas tierras desde hace 40 o 50 años, lo que agrava la situación. Por eso en necesario que se difunda a nivel internacional lo que está sucediendo en Brasil.
“Actualmente nuestra lucha será por la permanencia en la tierra, más que por la conquista de la tierra, y es una lucha no solo contra el latifundio sino contra los grandes grupos financieros que la compran para especulación o para la minería que están expulsando a las familias campesinas y este proceso se ha venido dando de forma brutal y vertiginosa”, evalúa.
Los ataques son varios y simultáneos, lo que dificulta la tarea de la CPT para abarcar todos los frentes.
“El latifundio está expulsando a los agricultores y a pueblos originarios como los quilombolas legalmente o a la fuerza, con matones, sicarios o través de empresas de seguridad que responden a paramilitares o a narcotraficantes. Por eso es tan importante este seminario para crear una agenda común que nos permita resistir y sobre todo denunciar al mundo lo que está pasando”.
El gobierno actúa de tal forma que las familias que están en las tierras destinadas a la reforma agraria no han podido regularizar a tiempo su condición de ocupantes de hecho, lo que provoca un incremento de los conflictos.
Estos conflictos no se limitan a la región amazónica sino que se extienden a las regiones que interesan al agronegocio y a la minería, donde hay importantes cuencas hídricas.
“Tenemos que denunciar al mundo que en Brasil el Poder Judicial está comprometido con el agronegocio y las grandes corporaciones, así como el poder Legislativo, y el Ejecutivo por su parte está dispuesto a eliminar a las capas más empobrecidas de la sociedad”, lamenta Saulo.
En Brasilia, Amalia Antúnez