El activista y asesor en derechos humanos de la Rel-UITA Jair Krischke asegura que la intervención no solo no resolverá el tema de la violencia sino que además podría causar numerosas violaciones de los derechos humanos.
“Históricamente, en Brasil, siempre que pasan estas cosas, las víctimas principales son los pobres y los negros. Obreros que viven en las favelas, cuando vuelven de trabajar son detenidos y apaleados hasta la muerte y los que no mueren son llevados ante un tribunal militar. Nunca se verá una razia así en las calles de Copacabana o Leblon, te lo aseguro”.
Pero lo que más preocupa a Krischke es que en Brasil hay una clase media recalcitrante que festeja la muerte de estas personas negras y pobres. “El discurso imperante es: ‘una lacra menos’”.
“La intervención militar en Rio es una medida que, a simple vista, no tiene sentido. Ni siquiera los militares están plenamente convencidos del baile en el que los metieron”, dice Jair.
Según el activista, la participación de las fuerzas armadas para combatir el crimen se remontan al gobierno de Dilma Rousseff.
En la época del Mundial de fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, cuando las protestas populares se agudizaron, el gobierno autorizó a que los militares intervinieran en la seguridad pública.
“Lo que sucedió ahora es que quieren aplicar un mandato de búsqueda y aprehensión colectiva en las favelas de Rio de Janeiro, algo jurídicamente imposible, ilegal. Los militares invaden esas zonas, roban, humillan y violentan a los ciudadanos comunes”.
Ante esto, el Colegio de Abogados de Brasil inició una demanda de inconstitucionalidad que según Krischke ha frenado momentáneamente las acciones militares aunque no se muestra optimista con esto.
“Estamos ante un problema muy grave. En ningún lugar del mundo se han resuelto los problemas sociales a balazos y la situación en las favelas de Rio es eso, un problema social que se ha fomentado por la ausencia del Estado, y ese espacio ha sido oportunamente ocupado por el narcotráfico”.
Por otro lado Krischke apunta que hay una serie de cosas para analizar, detalles del contexto que hay que examinar.
“Durante el gobierno carioca del corrupto Sergio Cabral se crearon las UPP en las favelas de Rio, las Unidades de Policía Pacificadora, un invento marketinero para tapar el ojo de su mala administración que dejó a esos sectores de la sociedad sin escuelas, sin salud pública, sin espacios para los jóvenes, sin ningún tipo de política social”.
El gobierno local movilizó a gran cantidad de policías, pero desde el punto de vista presupuestario a la larga no lo pudo mantener.
“En la medida en que los narcotraficantes se dieron cuenta que esas medidas eran apenas una jugada publicitaria del gobierno estadual volvieron al ataque y cooptaron a los propios efectivos policiales que cayeron ante la tentación de la plata fácil”, señaló.
“Lo de las UPP propició una nueva escalada de violencia que sirve en este momento como excusa para que el gobierno federal decida la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad pública”.
A fines del año pasado el ministro de Justicia, Torquato Jardim, desató la polémica al afirmar públicamente que altos comandantes de la policía de Rio de Janeiro están asociados con el crimen organizado.
“Esas declaraciones generaron un gran revuelo, pero lamentablemente es cierto porque no se explica la influencia y el poder del crimen organizado si no fuera porque cuenta con la asociación de las cúpulas de las policías”, considera Krischke.
Según nuestro asesor hay otras razones para que el gobierno de Temer haya determinado esta medida que comenzó en Rio.
“También hay por detrás de esto una jugada política que tiene que ver con que el gobierno no quiere salir derrotado del intento de reformar la previsión social pues no contaba con los votos necesarios”.
Krischke también barajó como explicación de la militarización de Rio la posibilidad de que Temer presente su candidatura a la Presidencia en las elecciones de octubre. “Una medida extrema como esta, si llega a funcionar garantizaría la mitad de su campaña electoral”.
“La situación en Rio de Janeiro es una locura, no creo que los servicios de inteligencia militar, que monitorean a toda la sociedad brasileña, lo aprueben, sobre todo porque no saben de dónde saldrá el presupuesto para ellos”.
Pero desde que Dilma Rousseff autorizó, en 2013, la intervención militar para combatir crímenes comunes “se abrieron las puertas del infierno. Para volver a encerrar a todos los demonios nuevamente será muy difícil”.
Jair informó que la mayoría de los efectivos militares que vigilan las calles de Rio son conscriptos que efectúan el servicio militar obligatorio.
Vestidos como para la guerra en la calurosa ciudad y portando armas de grueso calibre capaces de realizar disparos a 2.000 metros de distancia, desatan una escena dantesca.
“La discusión del tema no se quiere hacer, pero es necesario un profundo debate para ver por qué y cómo llegamos hasta aquí y por qué hay una parte de la sociedad brasileña que festeja que los militares estén ahora en las calles”, concluyó Jair.