La medida, decidida el 6 de diciembre pero todavía no ratificada, abarcará el ganado, la soja, la madera, el café, entre otros productos, según detalló el diario brasileño O Globo.

Brasil está involucrado en casi todos los rubros afectados, pero sus autoridades todavía no saben si los instrumentos de trazabilidad que ellas utilizan para rastrear si sus exportaciones provienen de zonas desforestadas serán admitidos por la Unión Europea.

Esas herramientas han sido duramente cuestionadas por recientes investigaciones periodísticas que han denunciado precisamente la venta por empresas brasileñas de ganado y soja proveniente de zonas en principio protegidas de la Amazonia.

La Rel ha difundido profusamente esas investigaciones, que cuestionan también el papel de los países europeos, su doble moral y sus grandes empresas en el problema.

La UE pretende, además, con esta disposición, prohibir las importaciones provenientes de cualquier área que haya sido desforestada, lo que en el caso de Brasil abarca igualmente las áreas autorizadas por sus autoridades.

La nueva disposición europea “no distingue entre desforestación legal e ilegal”, dijo a O Globo Leonardo Munhoz, investigador en el Centro de Bioeconomía de la Fundación Getúlio Vargas. Solo habla de zonas con “exceso de actividades agropecuarias”, señaló.

En Brasil, precisa O Globo, se considera que la tala de árboles es legal “cuando ocurre con autorización de los órganos competentes y fuera de las áreas destinadas a la preservación o son de dominio público”.

Los europeos no tendrían en cuenta esa distinción.

Pero se colocan ante un problema: “carecen de grandes alternativas para sustituir a Brasil como proveedor de carne vacuna” y también de soja, según empresarios brasileños vinculados al agronegocio y analistas.

Esa dependencia hace que los grandes empresarios del sector frigorífico no vean con tanta preocupación la futura norma de la UE, máxime teniendo en cuanta que colocan solo 6 por ciento de sus exportaciones en el mercado europeo.