“Si es aprobado este proyecto, los grandes terratenientes o las grandes fincas que empleen a trabajadores y trabajadoras en condiciones análogas a la esclavitud, o que no tengan a sus empleados registrados en la seguridad social recibirán multas irrisorias, lo que es prácticamente dar carta blanca para que estos malos empleadores burlen la ley”, explica Gabriel.
Otro de los aspectos negativos de este PL 3811/2000 es que impone reglas diferenciadas para los trabajadores rurales algo que precarizará aún más las condiciones laborales del sector.
“Entre lo más negativo este proyecto estipula que no será obligatorio pagarle los aportes de la seguridad social a trabajadores zafrales que laboren menos de 29 días seguidos, lo que sin dudas profundizará la informalidad en el medio rural”, subraya.
Según datos del Ministerio de Economía alrededor del 60 por ciento de las relaciones laborales en el campo están marcadas por la informalidad, es decir, de los 4 millones de asalariados y asalariadas alrededor de 2,5 millones no tienen contrato laboral.
En algunos estados como en Sergipe y Amapá, esta tasa supera el 90 por ciento.
“Lamentablemente, este proyecto es del año 2000 y ya ha sido aprobado por otras comisiones de la Cámara de Diputados. Si es aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia no irá al Plenario sino directamente al Senado Federal.
Nuestra lucha es que él pase por las Comisiones Temáticas del Senado Federal antes de pasar al Plenario, para que los senadores se den cuenta de que este proyecto es una puerta abierta a las peores formas de trabajo y rechacen la propuesta”, finalizó el dirigente.