-Acabamos de finalizar un seminario nacional sobre violencia en el campo. Los datos son muy preocupantes. Tenemos estados como Pará y Amazonas, donde la situación es muy delicada. Concluimos que se debe relanzar la Campaña Internacional contra la Violencia en el Campo, como la que hicimos 15 años atrás.
-Creo que es fundamental una campaña de ese tipo.
Los latifundistas, aquellos que han conseguido tierras de manera ilegal, están sintiendo que ahora tienen plenos poderes y con autorización para matar.
Es una situación muy seria, porque además la justicia criminaliza cada vez más a las organizaciones populares, a los líderes de izquierda, a los defensores de Derechos Humanos y ambientalistas.
Estamos asistiendo a un paulatino deterioro de las instituciones democráticas y de la propia democracia ya que se han venido reduciendo los espacios de participación.
Nos preocupa que se viene gestando un aumento de la violencia de varios tipos: asesinatos, discriminación, los feminicidios, los ataques a la comunidad LGBT y a los negros, el trabajo esclavo, las violaciones a los derechos sindicales.
Por esa razón, es imperioso gestionar alianzas con otras organizaciones, sobre todo a nivel internacional para que se conozca lo que realmente estamos viviendo en Brasil y la UITA tiene un papel central a jugar en ese sentido.
Es necesario dar visibilidad a esto para tratar de frenar el espiral de violencia que no ha parado de crecer amparada en una cada vez más grosera impunidad. La vida de los defensores de los derechos humanos o de los bienes comunes está en riesgo permanente.
En el campo brasileño hay además una cultura esclavista que hace que la violencia allí sea distinta a la que se ejerce en las ciudades, en las favelas, con el agravante de que allí muchas veces la muerte llega por parte de la propia policía.
-La criminalización de la lucha popular se adhiere a la impunidad que es prácticamente abosoluta…
-Sí, y la justicia siempre encuentra argumentos para decir que los hechos de violencia contra los campesinos siempre se deben a otra cosa: accidentes, enfrentamientos entre ocupantes de tierras, a un conflicto, etcétera.
Son muy raros los casos en los que algún terrateniente o mandante de asesinatos sea procesado.
En general los afectados no tienen recursos para contratar abogados que los representen.
Terminan como estos compañeros y compañeras que vinieron a dar su testimonio al seminario, víctimas en mayor o menor medida de los diferentes tipos de violencia, que van desde las amenazas de muerte, la destrucción o incendio de sus propiedades y producción, hasta el hostigamiento, la persecución y el desalojo forzado y en última instancia el asesinato.
