Eso, venas abiertas es lo que semejan hoy los afluentes de la cuenca del río Guaíba: un sistema circulatorio del agua reventado por décadas de acciones y políticas depredatorias. Ya en estos días las aguas comienzan a bajar, el corazón de Rio Grande do Sul (RS) late levemente de nuevo, su población cuenta las vidas perdidas y se arremanga ante la enormidad del trabajo que se avecina. Habrá tiempo para balances, responsabilidades y más análisis, pero hoy es el momento de la solidaridad y el apoyo fraterno.

Los números acongojan: hasta ahora se cuentan 157 muertos y 88 desaparecidos, 538 mil desalojados, 77 mil personas contenidas en refugios provisorios, 2.600 establecimientos agrícolas devastados, casi 800 centros de salud dañados, el PIB nacional se reduciría entre 0,2% y 0,3%, el PIB agrícola del país podría caer un 3,5%, las pérdidas financieras se estiman en este momento en 1.732 millones de dólares.

A medida que bajan las aguas se va ganando en precisión con relación a los daños causados por la creciente. La mayor parte de las rutas y caminos se encuentran destruidos.

Se calcula que el monto que desembolsará el gobierno federal para ayuda y reconstrucción oscilará entre 14 mil y 19 mil millones de dólares.

Nuevas precipitaciones son esperadas en varios puntos del estado de Rio Grande para este martes 21, algunas de hasta 100 milímetros.

La enorme mayoría de los medios de comunicación subvencionados —directa o indirectamente— por los gobiernos de turno imponen el relato de que las inundaciones en RS son consecuencia exclusivamente del cambio climático, algo así como una “furia de la madre naturaleza” ante la cual no hay nada que hacer más que resignarse.

Detrás de esta desinformación masiva hay varios aprendices de Poncio Pilatos², ocultos por una cortina de humo que protege una opaca red de intereses económicos y políticos.

Por supuesto, desde fines de abril a mediados de mayo llovió como nunca en la región, pero no fue esta la primera inundación fuera de control en los años recientes. Antes bien, la “madre naturaleza” viene dando incesantemente muestras de que las aguas del Guaíba, el río que fluye junto a Porto Alegre (POA), y de toda su cuenca, bajan incontenibles.

Son incontables los estudios, investigaciones y trabajos universitarios que fueron presentados ante los estamentos políticos alertando sobre el riesgo creciente de una catástrofe como la actual, advertencias que no solo nunca fueron atendidas, sino que se profundizaron acciones y decisiones gubernamentales que agravaron las amenazas.

La catástrofe es en gran parte resultado directo del saqueo desenfrenado provocado por grandes empresas capitalistas y sus representantes en el comando del Estado, vinculados al latifundio corporativo, a la especulación inmobiliaria, al extractivismo y, por lo tanto, a la mercantilización de la vida.

Rio Grande do Sul es un estado cuyos biomas Pampa y Atlántico están siendo destruidos por la minería, por los monocultivos de soja y eucaliptus y por la ganadería.

Además, los sucesivos gobiernos estaduales y municipales de las ciudades afectadas, con aval de los gobiernos federales de turno, han sido responsables por el desmonte de la vegetación ribereña, la acumulación de sedimentos en los ríos, la destrucción de áreas de preservación permanente, además de vender a empresas privadas las concesiones de gestión de agua, energía eléctrica y los loteamientos para las empresas inmobiliarias. Todo ello sin los estudios pertinentes de impacto ambiental.

Foto: Anselmo Cunha/AFP/Getty Images

Las áreas próximas al río Guaíba sufrieron un proceso relámpago de degradación cuando la corriente de agua en el entorno de POA fue recalificada como “lago”. Esta recalificación permitió que la faja costera protegida pasara de 500 metros a 30 metros. Así fue que se arrasó con toda la vegetación ribereña, protectora contra las crecientes y al mismo tiempo capaz de absorber las aguas de escorrentía.

En su lugar hoy se levantan edificios de vivienda para la clase media alta, paseos comercializados, un puerto para embarcaciones deportivas, etc. Esto es, la mercantilización de las áreas naturales contra la opinión abrumadora de técnicos y especialistas.

No es de sorprender, ya que la misma política se aplica en el resto del estado, cuyo territorio estaba cubierto en más de un 69% por el bioma “Pampa” —regulador de los ciclos de agua— que en los últimos años ha quedado reducido al 30% de su extensión original.

El territorio devastado fue ocupado prioritariamente por el cultivo de soja. RS es el segundo estado productor del grano del país, con una zafra que estaba estimada para 2024 en 20 millones de toneladas.

La zafra de soja estimada en todo el país es de 153.900.000 toneladas, números que solo son posibles mediante la concentración criminal de tierras en manos de unos pocos y la presión ejercida por el latifundio contra la vida y la biodiversidad.

La visión neoliberal de los territorios es esencialmente mercantil. Todo lo que existe sobre el planeta está allí para transformarlo en dinero, incluyendo a los seres humanos. Los beneficios se recogen a paladas. Desde los latifundistas, hasta los bancos y financiadoras se enriquecen apropiándose de los recursos naturales y de los erarios públicos.

A la hora de los daños, sin embargo, los costos se socializan, hasta el más pobre deberá pagar los préstamos adquiridos para mitigarlos, repararlos.

Los subsidios a la agricultura son un espejo de la apropiación de los recursos públicos por parte de corporaciones y privados. El actual Plano Safra 23/24 será distribuido así: mientras el agronegocio recibirá 71 mil millones de dólares, a la agricultura familiar llegarán algo más de 15 mil millones. ¿Quién tiene el compromiso de alimentar al pueblo brasileño con el producto de su trabajo? …. exacto. ¿Quién alimenta las cuentas bancarias de poderosos y políticos corruptos?… también exacto.

Esa es “la ley de los de arriba”, implacable, sin compasión o empatía de algún tipo. Todo es sacrificado en el altar del lucro propio. A la manera de una avalancha, el neoliberalismo arrasa con comunidades indígenas y quilombolas sometidas a una presión constante para quitarles sus tierras ancestrales, contaminando sus fuentes de agua con la minería ilegal, y ahora agravando esta inundación que, afirman, afectó a 800 de ellas provocando pérdidas de cultivos, viviendas, caminería, etc.

El Movimiento Sin Tierra (MST) de la región anuncia la pérdida del 17% de su cosecha de arroz orgánico que aún estaba en al campo, y advierte sobre la afectación de numerosas instalaciones de acopio de lo ya cosechado, por lo que aún es prematuro cuantificar las pérdidas totales.

Numerosos productores orgánicos y asentamientos del MST reportaron también la pérdida de cultivos de huerta con los cuales abastecen habitualmente ferias locales, que constituyen la fuente primordial de alimentos frescos para las vecindades.

Ante la devastación casi “programada”, se informan asistencias internacionales (préstamos) por 3.500 millones de dólares destinados a la mitigación y reparación de los daños. Asimismo, se afirma que el gobierno federal construirá cuatro “ciudades provisorias” en emplazamientos seguros para alojar a los casi 20 mil desplazados.

Parches para volver a la “normalidad”, la misma que le dio escala de catástrofe a la actual inundación, la que protegerá los privilegios de unos pocos, continuando políticas territoriales y ambientales cuyos objetivos esenciales sean asegurar “el derecho al lucro” de los mismos de siempre, y seguir arrasando derechos sociales y sindicales.

A miles y miles de riograndenses, sin embargo, la vida les habrá cambiado para siempre: desde pequeños y medianos agricultores cuyas tierras e instalaciones les llevará años recuperar, en caso de que lo puedan hacer: para pequeños y medianos tamberos, muchos de ellos con pérdidas totales; para trabajadores y trabajadoras rurales y urbanos privados de sus empleos durante meses de reconstrucción; para pequeños y medianos comerciantes rurales y urbanos con pérdidas irreparables de stocks; para miles de ciudadanos y ciudadanas cuyas viviendas, en caso de que se puedan recuperar, deberán equipar nuevamente tras los efectos del agua y el barro.

Tal vez todo esto no sea más que otro anuncio de una “nueva normalidad”, la de las catástrofes recurrentes provocadas por la alianza letal entre el cambio climático y las políticas neoliberales.

A menos que la sociedad organizada, el pueblo en su diversidad, tome este toro por los cuernos y diga: ¡Basta!

¹Ingeniero agrónomo riograndense, ecologista de la primera hora, maestro,
compañero y amigo de la Rel UITA fallecido hace exactamente 22 años. Lo extrañamos.
²Prefecto romano de la provincia de Judea que se lavó las manos antes de condenar a muerte a Jesús, aceptando la sugerencia de la asamblea de ancianos judíos.