Los asesinatos de líderes rurales, sindicales y comunitarios son moneda corriente en Brasil y la impunidad de sus muertes perpetúa esta violencia.
Desde los emblemáticos asesinatos de Chico Mendes y la misionera estadounidense Dorothy Stang, pasando por las masacres de Eldorado dos Carajás, donde 19 agricultores sin tierra fueron ejecutados hace más de 20 años, hasta la más reciente masacre de Pau D’Arco, en 2017, donde fuerzas policiales mataron a 10 trabajadores rurales, la violencia en el campo brasileño es constante.
Pero ahora no solo se acentúa en la región norte. También en el sur del país viene creciendo el número de conflictos agrarios y de muertes violentas de líderes rurales.
Este domingo 25 fue hallado el cadáver de Ênio Pasqualin, dirigente estadual del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Ênio había sido secuestrado el sábado 24, cuando estaba en casa con su familia, en el asentamiento Ireno Alves dos Santo del municipio de Rio Bonito do Iguaçu, interior de Paraná.
Según el relato de su esposa, varios hombres armados lo sorprendieron y lo llevaron en su propio vehículo. Además, robaron celulares, documentos y objetos personales de la familia.
A la mañana siguiente Ênio fue encontrado muerto al borde de una carretera del citado municipio con signos de haber sido ejecutado.
En su declaración a la policía local su esposa dijo que estaba siendo amenazado por WhatsApp. En base a eso se investiga un móvil político.
En un comunicado, el MST lamentó este nuevo crimen contra uno de sus militantes, al tiempo que exigió de las autoridades competentes una exhaustiva investigación y el esclarecimiento del caso.
Según la diputada federal del PT por Paraná Gleisi Hoffman, las amenazas de desalojo y a la vida de los dirigentes rurales por parte de terratenientes locales son cada vez más frecuentes.
En el medio rural de su estado, dijo, la violencia es una realidad desde hace mucho tiempo.
Y ello empeoró tras la elección de Jair Bolsonaro como presidente y de Ratinho Júnior como gobernador de Paraná, remarcó Hoffmann.
Según el último informe elaborado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en 2019 hubo 1.833 conflictos, un 23 por ciento más que el año anterior y el mayor número de los últimos 15 años.
La cifra representa cinco conflictos cada día. De ese total, 1.254 estaban relacionados con la tierra y 489 con el agua, mientras que 90 eran de origen laboral.
El número de personas involucradas cayó un 11 por ciento a 859.023. Pero el número total de asesinatos creció un 14 por ciento, llegando a 32. Casi la mitad (47 por ciento) fueron líderes, indígenas o rurales.
Todavía no hay datos oficiales sobre los conflictos agrarios derivados en muertes violentas este 2020
