Claudecy Oliveira Lemes acompañó al piloto hasta la puerta de su enorme casa estilo “country”, como lo definía su esposa. El apretón de manos selló el contrato. El piloto partió en su 4×4, y Claudecy permaneció unos momentos bajo el inmenso alero de la galería que rodea su estancia.

Contempló la pradera interminable, el ganado pastando, algunos grupos de árboles de sombra dispersos aquí y allá, las caballerizas, un par de grandes galpones, y antes de buscar el frescor del aire acondicionado dentro de su casa, se dijo que, sin duda, él era un genio.

El piloto se llevó las instrucciones, las demarcaciones hechas con GPS y el dinero de los gastos para realizar su tarea: fumigar 700 kilómetros cuadrados de selva en la propiedad de Oliveira Lemes con herbicidas y pesticidas.

No era la primera vez que lo haría. Casi todos los fazendeiros de la región le pedían ese servicio alguna que otra vez desde hacía años. Sabiendo que era ilegal, cobraba un buen dinero.

Durante mucho tiempo las imágenes satelitales tomadas por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama) no fueron correctamente interpretadas por los técnicos.

Se pensaba que esas manchas blanquecinas que iban apareciendo poco a poco en el manto selvático eran consecuencia de sequías puntuales, enfermedades circunscriptas o algún “misterio de la floresta”.

Si esos funcionarios hubiesen actuado con el celo debido, y no burocráticamente, habrían realizado inspecciones visuales desde el primer momento, y habrían descubierto que luego de la defoliación y posterior secado de los árboles, los estancieros procedían a talarlos y sustituirlos por pradera para el ganado.

Esto es, un nuevo método de deforestación que, en realidad, se sospecha, comenzó en 2010, aunque puede ser muy anterior.

En los últimos diez años el Ibama constató el envenenamiento mediante pulverización de herbicidas de más de 50 mil hectáreas de vegetación nativa, un área equivalente a 47 mil estadios de fútbol. Fueron hallados residuos de Glifosato, 2-4-D, Alacloro y del insecticida Carbossulfano, estos dos últimos prohibidos para fumigación aérea.

Desde la reactivación de los organismos de control después del desmantelamiento que sufrieran durante la presidencia de Jair Bolsonaro, todos los meses el Ibama inspecciona varios incidentes de deforestación química, método que se ha transformado en el más utilizado por los grandes terratenientes.

Aquí y allá, como manchas de sarampión, aparecen en las fotos satelitales de la selva zonas blanquecinas que fueron fumigadas y envenenadas. En algunos contados casos las autoridades logran reunir pruebas necesarias para iniciar una querella judicial y, eventualmente, obtener una condena que consiste en multas pecuniarias, y que pueden llegar al embargo de los predios.

No obstante, los poderosos terratenientes cuentan con los mejores bufetes de abogados para librase de las condenas o, por lo menos, minimizar las pérdidas.

La impunidad y la falta de supervisión son los motores de este progreso. Hasta la fecha, sólo se han pagado 3 multas de las 14 impuestas por deforestación con pesticidas. La expectativa es que la mayoría nunca será recompensada.

Como regla general en el Ibama, cuanto mayor es la multa, menores son las posibilidades de ser juzgado y de que se produzca el pago. Una encuesta realizada por la Universidad Federal de Paraná muestra que entre 2008 y 2017 solo una de cada 28 multas por valor superior a 170 mil dólares fue pagada.

Se prevé que este sistema se intensifique aún más en el futuro, ya que se ha consolidado como viable, barato, sin consecuencias legales significativas y evitando el rastro elocuente de los incendios forestales.