La campaña incluyó la financiación de investigaciones de universidades estadounidenses que tenderían a probar el escaso impacto de la pecuaria en el cambio climático global. El objetivo sería bloquear la aprobación de políticas públicas que podrían perjudicar al sector.

Esas afirmaciones forman parte de un estudio elaborado por dos investigadoras de las universidades de Yale y Miami aparecido en la revista científica Climatic Change del que se hizo eco la publicación digital Reporter Brasil en su edición del 30 de abril pasado.

Las operaciones de “lavado verde” (traducción literal de greenwashing) forman parte desde hace ya muchos años de las estrategias de las empresas más contaminantes del mundo.

Recurren a ellas las mineras, las petroleras, las químicas. Incluso fabricantes de armas que han llegado a presentar en ferias internacionales cohetes y municiones “amigables con el medio ambiente” (no es un chiste ni una exageración: lo han hecho empresas como BAE Systems, una de las principales del sector, respaldada por el gobierno británico*).

Del más puro greenwashing es la campaña que están llevando a cabo la subsidiaria estadounidense de JBS y Burger King, una cadena controlada, según apunta Reporter Brasil, por capitales brasileños.

La investigación publicada en Climatic Change señala que la industria de la carne estadounidense ha literalmente bancado a dos instituciones, AgNext, de la Universidad de Colorado, y el Centro Clear, de la Universidad de California.

Entre 2018 y 2023, nada menos que 6,4 millones de dólares de la industria ha ido a parar a esos dos centros de estudio, y quien más dinero puso (casi tres millones de dólares) fue la American Feed Industry Association (Afia), la asociación estadounidense de la industria de la alimentación, que JBS integra.

Burger King aportó a su vez de su bolsillo unos 106.000 dólares.

El Clear y la AgNext se han especializado en el tema de las emisiones de gases con efecto invernadero, pero están lejos de dedicarse únicamente a la producción académica, señala Reporter Brasil: también prestan servicios a la industria del agronegocio en planos como relaciones públicas, campañas de comunicación, lobby ante gobiernos.

“Frecuentemente minimizan las contribuciones de la ganadería a la crisis climática, promueven ‘soluciones’ tecnológicas que favorecen a la industria y relativizan la necesidad de reglamentaciones”, le dijo a la publicación brasileña Viveca Morris, de la Universidad de Yale.

Es todo un fenómeno el de la “captura corporativa de las instituciones académicas”, subrayan Morris y la otra autora del informe, Jennifer Jacquet, de la Universidad de Miami.

“Las empresas contratan investigadores para que testimonien en su favor en procesos judiciales, las ayuden a establecer metas regulatorias, escribir contenidos para redes sociales, desarrollar y mantener sitios en Internet”.

El Centro Clear es coordinado por un científico que se define a sí mismo como “el gurú del efecto invernadero”, Frank Mitloehner, y AgNext por una de sus ex alumnas, Kimberly Stackhouse Lawson, antigua directora de sustentabilidad de la filial estadounidense de JBS.

Mitloehner se ha hecho conocido por defender una nueva forma de medir los gases de efecto invernadero que favorece a la industria ganadera.

Y la industria se lo retribuye con creces: en dinero contante y sonante y en promoverlo como “una voz neutra y confiable”, a pesar de que, según Jaquet y Morris, nunca ha sido invitado a las mayores conferencias científicas internacionales ni ha contribuido como autor a los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (ONU).

En 2022 el “gurú” visitó Brasil para participar en un foro en el que la ganadería era presentada no como parte del problema del cambio climático, como la considera por ejemplo la ONU, sino como parte de su solución. El foro era organizado por JBS.

Toda una gama de coincidencias y casualidades.

Mientras procura lavarse la cara, JBS sigue ensuciando y contaminando, entre otros en su país de origen.

Son innumerables las multas que la transnacional ha recibido en los últimos años por incumplir normas de todo tipo, en particular ambientales y laborales.

El mes pasado, el Ministerio Público de Mato Grosso del Sur halló que una de las plantas frigoríficas de la transnacional en ese estado estaba produciendo malos olores que podían afectar la salud de los habitantes de un barrio y que estaba funcionando sin los permisos correspondientes.

Se la conminó a que respetara las normas ambientales, pero la multa que se le fijó en caso de que no lo hiciera fue tan baja (menos de 10.000 reales, unos 190 dólares) que no tendrá problema alguno en pagarla y seguir como si nada.

Como recordatorio: el lucro medio de JBS es de 5.000 millones de dólares al mes.

Las autoridades municipales organizaron una audiencia pública en abril para encarar posibles soluciones a la contaminación generada por la planta. JBS no se presentó. Tampoco el Ministerio Público.

*Ver nota de John Ungoed-Thomas en el Sunday Times del 20-IX-06 reproducida en español por rebelión.org