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Informe Amnistía Internacional
Fora de jogo
El informe 2020/21 de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en 154 países (IAI 2021/22) deja a Brasil fuera de juego.
Silvia Alvariza
29 | 04 | 2022
Foto: Sul21
El gobierno de Jair Bolsonaro ha golpeado notoriamente los derechos humanos de la gran mayoría de la población brasileña, perjudicando con mayor impacto a los sectores más vulnerables.
El harto conocido desinterés del presidente frente a la gestión de la pandemia de Covid 19 violentó los derechos más elementales de sus ciudadanos.
Especialmente con los grupos tradicionalmente discriminados como la población negra, indígena, los quilombolas (comunidades de afrodescendientes y remanentes de pueblos formados por esclavos fugitivos de plantaciones y minas refugiados en bosques), las mujeres, las personas LGBTI, habitantes de favelas y barrios pobres de las ciudades.
El grupo Alerta atribuye a la negligencia del gobierno en relación con la desigualdad territorial, socioeconómica, racial y demás la razón por la cual estos grupos tienen los índices de mortalidad más altos.
La inequidad, la pobreza, la discriminación, las condiciones de vida, la desinformación y la pésima atención sanitaria de estas poblaciones las expuso a la muerte en mayor medida que al resto del país.
El uso abusivo de la fuerza por agentes policiales generó que las muertes provocadas por su accionar aumentaran un 185 por ciento en enero y febrero de 2021 respecto al período julio-octubre del año anterior, de acuerdo a una investigación del Grupo de Estudios sobre Nuevos Ilegalismos, citada en el Informe de Amnistía Internacional (IAI-2021-22).
Dicho informe denuncia ejecuciones sumarias por la policía, manipulación de las pruebas donde ocurren los hechos y desinterés en las investigaciones. lo que conduce a una histórica impunidad que consolida el ciclo de violencia y el atropello de los derechos humanos de la población vulnerable a manos de agentes policiales.
Esto ocurre a pesar de que el Estado brasileño fue condenado en 2017 por violencia policial en el caso Favela Nova Brasilia vs. Brasil promovido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De las 6.416 personas asesinadas por la policía en 2020, más de la mitad eran jóvenes varones negros.
La Asociación Nacional de Travestis y Transexuales reveló que en Brasil solo en el primer semestre de 2021 murieron de manera violenta 80 personas transgénero.
Son víctimas, además, de agresiones físicas, amenazas, discriminación y marginación social que los envuelve en una niebla de violencia que les impide tener una vida en condiciones de mínima seguridad.
El IAI 2021/22 denuncia también que, según el Observatorio Obstétrico Brasileño de Covid 19, fue en Brasil donde se registró el 75 por ciento de las muertes maternas por esta enfermedad de todo el mundo.
El número de mujeres negras muertas fue 77 por ciento mayor que el de las blancas.
El Foro Brasileño de Seguridad Pública denunció que en la primera mitad de 2021 la cantidad de violaciones a mujeres aumentó un 8,3 por ciento respecto a igual período del año anterior; y los feminicidios alcanzaron en el primer semestre de 2021 los 666, la cifra más alta desde que se comenzó a registrarlos, en 2017.
La deforestación y los incendios a consecuencia del saqueo de la tierra donde habitan las poblaciones indígenas, quilombolas y otras tradicionales, se produjo en exclusivo beneficio de los sectores agroindustriales, ganaderos y los dedicados a la tala y minería.
Despojaron a esos pueblos no solo de su territorio sino de sus medios y formas de vida y también, de sus legítimos derechos a vivir en un medioambiente sano.
La Comisión Pastoral de la Tierra recordó que 2020 fue el año en que se contabilizó la mayor cantidad de conflictos en zonas rurales desde 1985. Entre 2019 y 202, la invasión de tierras aumentó 102 por ciento. El 71 por ciento de las familias agredidas eran indígenas.
En 2021, hasta el mes de noviembre, murieron 26 personas en conflictos rurales, un 30 por ciento más que el año anterior. Más de la cuarta parte de las víctimas, ocho, eran indígenas.
El movimiento Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil realizó por ello una denuncia de genocidio ante la Corte Penal Internacional contra Bolsonaro.
Los dos hombres acusados de matar a la conocida concejala y defensora de los derechos humanos Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes, en 2018, no tienen aún fijada fecha de inicio del juicio y se sigue desconociendo quiénes fueron los autores intelectuales del crimen, dice el informe.
Brasil es el cuarto país con mayor cantidad de homicidios de líderes ambientalistas y defensores y defensoras del derecho a la tierra, según la ONG Global Witness citado por el IAI- 21/22.
El trabajador rural Fernando dos Santos Araújo, asesinado en enero en el estado de Pará, era uno de los principales testigos de la masacre de Pau D’Arco en 2017, cuando policías y militares mataron a 10 militantes por el derecho a la tierra.
Lindolfo Kosmaski, luchador por la diversidad sexual y de género, que mantenía vínculos con el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra, fue encontrado muerto a balazos dentro de un automóvil incendiado en el estado de Pará.
La ultraderecha, en todas partes del mundo, antes de hacerse con el gobierno asevera que viene a “poner orden en el país “y después siempre termina incendiándolo.
