Tras una investigación de varios meses, el secretario de Trabajo de Estados Unidos Martin Walsh aseguró que al menos 31 niños de entre 13 y 17 años trabajaban en frigoríficos de JBS en Grand Island, Nebraska y Worthington, Minnesota, subcontratados por la compañía PSSI (Packers Sanitation Services).

Uno de los menores, de 13 años, presentó quemaduras de soda cáustica.

La legislación estadounidense prohíbe el trabajo de menores de 13 y de las labores nocturnas de adolescentes de 14 y 15 años.

El Departamento de Trabajo pidió a la justicia la suspensión inmediata de los permisos de operación de PSSI.

JBS emplea a 17.000 trabajadores en tareas de limpieza de las 700 plantas frigoríficas que posee en Estados Unidos. En cerca de 400 se habrían constatado prácticas laborales ilegales.

La transnacional, primer exportador mundial de proteína animal, así como otras grandes empresas brasileñas del mismo sector instaladas en territorio de la súper potencia, ya habían estado en la mira del Congreso estadounidense durante la pandemia de Covid-19, cuando muchos de sus trabajadores se contaminaron por el no respeto de las normas de distanciamiento por parte de los patrones.

La gran mayoría del personal de los frigoríficos en Estados Unidos son migrantes africanos, latinoamericanos y asiáticos. En la planta de JBS de Cold Spring 80 por ciento de los trabajadores son somalíes.

Según la edición brasileña del mensuario Le Monde Diplomatique, “estos trabajadores son generalmente mal pagos y temen ser penalizados” por denunciar ilegalidades.

Durante la pandemia, muchos de ellos “sufrieron recortes salariales e impactos negativos en su salud. Algunos viven hacinados, lo que dificulta el distanciamiento social adecuado y aumenta las posibilidades de contagio”.

Unos días antes de la difusión de esta denuncia, que fue presentada el 9 de noviembre, JBS fue acusada de comprar ganado criado de manera ilegal por empresas instaladas en zonas desforestadas del estado amazónico de Rondonia.

No le falta nada.