“Estamos viviendo atropellos nunca antes vistos. Conquistas de larga data, ya consolidadas, están siendo desmanteladas por un pequeño grupo que está al frente del Congreso Nacional”, dijo Jair al ser consultado por La Rel en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre.
E ilustró ese panorama con el ejemplo de la ministra de Derechos Humanos, Luislinda Valois, que solicitó formalmente acumular su salario como funcionaria y su pensión como jueza, lo que le hubiera supuesto unos ingresos brutos mensuales de 61.400 reales (unos 18.800 dólares).
La intención de Valois era percibir ambos ingresos todos los meses, pero por mandato constitucional el sueldo máximo de los funcionarios del Estado no puede superar los 33.700 reales (unos 10.320 dólares).
“Lo absurdo de esto es que la ministra dijo que si no cobraba por ambas tareas estaría realizando una de ellas sin su correspondiente contrapartida y eso ‘se asemejaría al trabajo esclavo’.
Además intento justificar su pretensión de recibir más de 60.000 reales por mes preguntando: ¿‘Cómo voy a hacer para comer, cómo haré para beber, cómo haré para calzarme?”.
Ella quiere ganar mensualmente, lo que un trabajador ganaría a lo largo de cinco años y medio de trabajo. El salario mínimo en Brasil es de 937 reales (280 dólares)
Y esta señora sigue siendo ministra”, exclama Jair con una mezcla de incredulidad y tristeza.
La situación es de por sí patética, más aún en momentos donde el gobierno ha modificado lo que entiende por trabajo esclavo.
En octubre el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira dictó una ordenanza que modifica sustancialmente el concepto del trabajo esclavo, limitándolo sólo a la circunstancia de privación de libertad y dejando de lado otras consideraciones, como las labores degradantes y las jornadas extenuantes a las que son sometidos trabajadores y trabajadoras.
“Imagínate lo que pasará en un país en que los más de 14 millones de desocupados existentes actualmente están dispuestos a aceptar cualquier tipo de trabajo y aquellos que aún lo tienen intentan no perderlo a cualquier precio con tal de no pasar hambre”, destacó el presidente del MJDH.
“Es en estas situaciones en que será fundamental el trabajo que desarrollen las organizaciones sindicales”, advirtió.
Por otro lado, Krischke señala que en Brasil se está dando una verdadera matanza que los grandes medios de prensa silencian.
“Se cometen 60 mil asesinatos por año, y gran parte de esas muertes son causadas por agentes del Estado. El Estado es el principal violador de los derechos humanos en Brasil”, denunció.
Para el activista y asesor de la Rel-UITA, la conformación del Congreso brasileño, a través de bancadas -que no son de partidos políticos sino de sectores económicos- son el principal origen de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y de la creciente violencia que se afianza escudada en la impunidad.
“La bancada de la bala (industria armamentista y militares), la bancada del buey (latifundistas y agronegocio) y la bancada de la biblia (el sector más conservador de la iglesia evangélica) son las minorías que presionan para que se voten leyes a su medida, y el gobierno de Temer, a su vez, los necesita para que voten las reformas que impulsa. Se retroalimentan”, dijo Krischke.
La reforma laboral -ya aprobada- y la de la Seguridad Social, que será puesta a votación en estos días, son claramente violatorias de los derechos fundamentales del ser humano, agregó.
“El Congreso también se propone privatizar empresas estatales clave para el desarrollo económico del país y exonerar de multas a empresas que dañan al medio ambiente, lo que incluye la deforestación de la Amazonia y el desplazamiento forzoso de los pueblos originarios, principales víctimas de la violencia amparada desde el Estado por su propia condición de vulnerabilidad”.
“Y estos son apenas algunos de los casos más flagrantes de violación de los derechos humanos. Hay muchos más”, concluyó el activista.