Luis Pereira dos Santos, presidente del gremio, habló con La Rel sobre la situación que vienen enfrentando desde hace ya algunos años y que se ha agravado en los últimos meses, cuando la empresa logró que el Tribunal Regional del Trabajo (TRT) emitiera una medida cautelar que prohíbe a la organización sindical de realizar cualquier tipo de acto en la empresa.
“En 2011 asumió este Sindicato luego de vencer a la otra organización que estaba y era completamente afín a los intereses de la compañía. A partir de entonces comenzamos una seria tarea sindical de monitoreo y denuncias de acciones irregulares y también la defensa acérrima de los derechos de los trabajadores”, recuerda.
Habida cuenta que la fábrica de BRF cometía una serie de irregularidades en cuanto a las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores y se negaba a ofrecer un reajuste anual del bono alimenticio, el Sindicato inició una paralización que, según Pereira, le costó mucho dinero a la empresa.
“Desde esa huelga que hicimos en 2012, la compañía ha declarado la guerra a la organización sindical y su último ataque fue denunciar al Sindicato ante el TRT y lograr que un juez firmara una orden que nos prohíbe realizar cualquier tipo de acto en las inmediaciones de la fábrica. No podemos siquiera hablar con los compañeros”, indicó.
Aprovechándose de esta orden, BRF formó un nuevo sindicato y firmó un convenio colectivo con esa organización que no representa a los intereses de los trabajadores y trabajadoras.
“Fue un golpe rastrero. Nos pusieron en jaque porque la orden judicial fue dispuesta a mediados de diciembre pasado, pocos días antes que comenzara la feria judicial, impidiéndonos apelar e imponiéndonos multas si no cumplíamos con lo ordenado”, denunció.
Para empeorar la situación el Ministerio Público de Trabajo (MPT) viene archivando denuncia tras denuncia realizada por el sindicato.
El actual procurador actuante, Helder José Mendes, es un antiguo funcionario de BRF, lo que explicaría la inoperancia del MPT frente a los atropellos de la transnacional.
“No somos un Sindicato problemático, simplemente somos combativos, exigimos nuestros derechos y buscamos mejorar las condiciones de nuestro compañeros y compañeras en la planta”, apuntó Pereira.
“Si la empresa no cumple con las normas de salud y seguridad estipuladas la denunciamos ante el MPT. Pero estas compañías aborrecen este tipo de gremio”.
Pereira recuerda que recientemente ganaron un juicio contra BRF que supondrá el pago de una cifra millonaria por daños y perjuicios colectivos a unos 3.000 trabajadores y trabajadoras.
“En 2011 iniciamos una demanda colectiva contra la empresa por no incluir en la jornada laboral los 20 minutos para cambiarse el uniforme. Esta demanda recibió hace unos días una sentencia favorable a los trabajadores. La multa fue de 20 millones de reales (6,3 millones de dólares)”.
Pereira denuncia también que la actitud de los directivos de la compañía se ha ido agravando y las mujeres han sido las más perjudicadas.
“Los casos de hostigamiento a embarazadas están a la orden del día. Despidieron a una compañera con 8 meses de gestación alegando justa causa y presionaron a otra que tenía a su bebé en el CTI a que renunciara pues estaba faltando mucho”.
Por otro lado el dirigente señala que hay funcionarios que hace 30 años que laboran para la empresa y no ganan más de 1.500 reales al mes (470 dólares).
“Es necesario que la comunidad internacional sepa cómo la dueña de la marca Sadia trata a sus trabajadores y trabajadoras, cómo desprecia a la organización sindical y cómo no valora a quienes producen su riqueza”, concluyó.
La fábrica de BRF en Ponta Grossa emplea a 800 trabajadores y trabajadoras y elabora comidas prontas, lasañas y pizzas.