Se trata de los homicidios de Manoel Ruiz da Silva, en 1997, y Almir Muniz da Silva, que era además defensor de los derechos de los trabajadores rurales, en 2002.

Ambos asesinatos fueron cometidos en el estado de Paraíba y fueron denunciados por Justicia Global, la Comisión Pastoral de la Tierra de Paraíba, Dignitatis y la Asociación de Trabajadores Rurales del Asentamiento Almir Muniz, según consignó este lunes el sitio noticias.uol.

Ruiz tenía 40 años, un hijo de cuatro y esperaba otro. Su asesinato habría sido cometido por guardias privados al servicio del hacendado Alcides Vieira de Azevedo, propietario de la estancia Ingenio Itaipú.

Almir Muniz da Silva era miembro activo de la asociación de trabajadores rurales de Itabaiana, Paraíba y testificó en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la violencia en el campo y la formación de milicias rurales en el estado de Paraíba, ante la cual señaló la actuación de policías en actos de violencia contra trabajadores rurales de la región y al policía civil Sergio de Souza Azevedo como principal responsable.

En el asesinato de Almir Muniz, cuyo cuerpo nunca fue hallado, estarían involucrados agentes del Estado.

“Será el primer caso en Brasil que involucra la desaparición forzada de personas en el contexto de las luchas por la reforma agraria”, señaló el abogado Eduardo Baker, de Justicia Global.

El trabajador y defensor de los derechos humanos había denunciado ante el parlamento haber sido objeto de amenazas.

Las autoridades brasileñas desestimaron ambas denuncias y acabaron archivándolas, de ahí que hayan sido llevadas a la órbita interamericana, para que se haga justicia.

“En el campo brasileño hay un patrón estructural de violencia que apunta a todos aquellos que luchan por el acceso a la tierra y a los territorios y por políticas públicas en favor de campesinos y campesinas”, dijo Hugo Belarmino de Morais, director de Dignitatis y coordinador del Observatorio Interdisciplinario de Conflictos Territoriales.

“A lo que aspiramos es que las familias sean reparadas y que el Estado genere mecanismos y políticas que den garantías a las poblaciones del campo”.