Foto: Difusión“Un mundo que come mejor vive mejor”, proclama Carrefour en un “manifiesto” publicado en su página web, que comienza diciendo con sentido común que nadie que piense en un producto sano lo asociará a la palabra “agrotóxico”.
A pesar de ello, según sostiene una investigación, la justicia condenó a supermercados pertenecientes al grupo a pagar multas por vender alimentos contaminados con agrotóxicos por encima de los límites tolerados en Brasil, que son bastante más permisivos que en otros países.
Sucedió en los estados de Bahía, Rio Grande do Sul y Rio Grande do Norte, donde cadenas pertenecientes a Carrefour fueron condenadas a pagar multas (de entre 60.000 y 100.00 reales) por vender alimentos como frutillas, lechuga, ananá, pimentón, pepino, manzanas con niveles de residuos de agrotóxicos superiores a los autorizados o con sustancias directamente prohibidas.
Guilherme Cavalcanti, médico e investigador del Observatorio del Uso de Agrotóxicos y Consecuencias para la Salud de la Universidad Federal de Paraná, dijo que se trata de un escenario “muy peligroso”, visto que los límites de sustancias dañinas permitidos por la autoridad sanitaria brasileña (la Anvisa) son muy superiores a los aplicados en otros países, sobre todo europeos.
Entre las sustancias encontradas en los productos figuran la captana, la piraclostrobina y el imidacloprido.
La captana fue catalogada como “probablemente cancerígena” por la FDA, la agencia reguladora de alimentos de Estados Unidos y en 2015 su uso fue prohibido en alimentos por el estado de Sao Paulo.
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El imidacloprido, octavo agrotóxico más vendido en Brasil, es una sustancia neonicotinoide fatal, por ejemplo, para las abejas, mientras la piraclostrobina causa irritación en el sistema respiratorio y en la piel y también es nociva para las abejas.
La abogada de la organización Terra de Direitos Naiara Bittencourt dijo que las multas aplicadas por este tipo de hechos son muy bajas y escasamente disuasivas para las empresas, más aún para grupos transnacionales como Carrefour.
“Hay una disparidad entre la capacidad y el porte económico de las empresas y el valor de las multas aplicadas”, lamentó.