A los discursos de odio, las fake news, las agresiones verbales y físicas y los asesinatos de militantes del Partido de los Trabajadores (PT), el acoso electoral se suma a la triste lista que muestra al Brasil de la intolerancia en su máxima expresión.

Son decenas las denuncias que están llegando al Ministerio Público de Trabajo (MPT) sobre empresarios que amenazan a sus trabajadores y trabajadoras para que voten por su candidato, en este caso Jair Bolsonaro, o para que simplemente no voten a Lula.

El MPT ya registró 173 denuncias en las elecciones de 2022. En Rio Grande do Sul, las federaciones de trabajadores, metalúrgicos, de comercio y de la industria de la alimentación trabajan junto al Ministerio.

Las amenazas van desde cerrar la empresa si gana Lula, hasta despidos en masa de votantes del candidato del PT, o dejar de comprar materias primas a los petistas.

Las redes sociales han sido – cuándo no – el escenario preferido de los empresarios para lanzar sus amenazas.

Aunque este tipo de acoso no es nuevo – en 1948 el destacado jurista brasileño Victor Nunes Leal exponía en su libro “Coronelismo, azada y voto” una modalidad de esa práctica que se verificó durante la Primera República– sí sorprende la virulencia y extensión de las amenazas actuales.

A fines del siglo XIX, los terratenientes obligaban a sus trabajadores y familias a votar por sus candidatos en una práctica que se conoció como el voto cabresto.

El libro de Nunes Leal es uno de los hitos inaugurales de la ciencia política moderna en Brasil, que mantiene plena vigencia más de sesenta años después de su primera publicación.

El Código Electoral tipifica en sus artículos 299 y 301 la práctica de hostigamiento electoral como delito, que puede incluso resultar en una pena de prisión de hasta cuatro años.

Hasta ahora la justicia ha dictaminado multas y sanciones a empresarios que, probadamente, amenazaron u ofrecieron dinero a sus empleados para que no voten a Lula.

Lo terrible es que esta práctica se extiende y es una forma más de violencia laboral y de flagrante violación de las libertades individuales en un país donde la intolerancia está a la orden del día.

Ante los cientos de casos de hostigamiento electoral, el Ministerio Público del Trabajo dispuso un canal de denuncia anónimo y confidencial en su sitio web. Y también la Defensoría Pública Federal creó un observatorio para recibir este tipo de denuncias.