“Vengo acá a pedir ayuda, porque fuimos expulsados de nuestra tierra, perdimos todo, estamos siendo amenazados y estamos con miedo”, relata entre lágrimas este agricultor del municipio de Chupinguaia, Vilhena en el estado de Rondônia.
Pedro denuncia la inoperancia del organismo estatal competente en estos casos, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) ante el desalojo de 40 familias en octubre del año pasado.
“Las tierras que nosotros ocupábamos forman parte de una zona destinada a Contratos de Alienación de Tierras Públicas (CATP) que, la gran mayoría ya fueron registrados catastralmente”, explica Pedro.
Como sucede con gran parte de las tierras públicas que fueron destinadas a la reforma agraria, la parcela que la familia de Pedro y otras 39 familias ocupaban forma parte de un territorio en disputa.
La antigua Hacienda Estela, de dos mil hectáreas, es pretendida por el agronegocio, más especialmente para el monocultivo de soja que está invadiendo esa región.
“Se trata de tierras con títulos provisorios, cuyos propietarios originales no lograron cumplir con los plazos de pago dispuestos por el gobierno federal y abandonaron o vendieron las parcelas porque no les era rentable producir ahí”, señaló.
El agricultor asegura que la comunidad de asentados en esa área hace años que mantenía productivo el territorio.
“Allí plantábamos todo tipo de verduras y legumbres, criábamos ganado y producíamos leche, también se plantaba urucum, la materia prima para producir colorantes”, relata.
“Todo eso estaba muy avanzado ya, vivíamos con lo que producíamos, era un área destinada para eso y por eso quieren hacerse de esas tierras ahora”.
Pedro explica que debido a irregularidades en los títulos de propiedad y sucesión, apareció un supuesto heredero de esas tierras que quiere vender a un grupo especulador a un precio de tierra improductiva cuando en realidad las 40 familias que estuvieron ocupando dejaron el área cultivada, con diferentes actividades agrícolas y ganaderas.
Los problemas se remontan a 2011, cuando crearon la Asociación de Pobladores.
Al año siguiente recibieron la primera orden de desalojo, que cumplieron permaneciendo dos años fuera. Pero como el territorio seguía sin explotar regresaron.
“Decidimos retornar porque después de dos años, no había nadie produciendo en esas tierras, así que en 2013 volvimos, pero se mantuvo la disputa con el supuesto dueño de las tierras. La justicia le otorgó la razón y nos expulsaron sin darnos un mínimo margen para sacar siquiera nuestro ganado”, lamenta Pedro.
Finalmente, en octubre pasado las 40 familias desalojadas de forma violenta y sus integrantes se fueron a vivir en barracos a la orilla de la ruta o en casa de algún pariente.
“Actualmente estamos en instancia de apelación por la reintegración posesoria de ese territorio, esperando la sentencia de la justicia federal que nos permita volver”, alega.
Pedro evalúa que si la sentencia sale antes de ser aprobada la propuesta de enmienda constitucional 910 sobre regularización agraria, tienen altas posibilidades de ser realojados.
“Dependemos de la voluntad del INCRA que debe presentar la documentación que acredita la ocupación de hecho de esa área”, dice.
Mientras tanto estas familias no pueden pasar siquiera frente a esas tierras porque son acusados de estar espiando a los guardias de seguridad de los empresarios.
“Perdimos todo, nuestro ganado quedó ahí y ahora nuestras tierras y nuestra producción está en manos de pistoleros y matones a la orden de empresas especuladoras que quieren el área para plantar soja”, denuncia Pedro en nombre de las 40 familias.
