-La realidad social en Brasil es cada vez más preocupante.
-Desde el golpe contra Dilma Rousseff y la asunción de Michel Temer hay un claro desmantelamiento de políticas públicas, de derechos laborales y sociales.
El Ministerio de Justicia está suspendiendo las demarcaciones de tierras de los pueblos originarios a través de nuevas ordenanzas, y la bancada ruralista está legalizando el arrendamiento de tierras indígenas.
Cuando los indígenas se resisten los reprimen brutalmente, sin miramientos.
-Esa parece ser la fórmula del gobierno: comprar votos y voluntades o reprimir.
-Sí, la represión es la respuesta de este gobierno ante cualquier reclamo. En los gobiernos anteriores si bien no hubo avances en el tema de la demarcación de tierras, se mantenía una instancia de diálogo que ahora se cortó.
-¿Cuál fue el resultado de la Misión de representantes del Parlamento Europeo?
-Muchas de las tierras que fueron quitadas a los pueblos originarios para ser ofrecidas al agronegocio producen materia prima mayoritariamente para la exportación con destino a la UE.
Los europeos tienen que estar al tanto de que la soja y otros productos que consumen están vinculados a la violencia y sentir la responsabilidad que les compete.
Lo que buscamos ante esa Misión es que así como se han levantado barreras sanitarias para el ingreso de productos en la UE, que se levanten otras contra las empresas que no respetan los derechos humanos.
Algunos eurodiputados dieron señales favorables a la creación de instancias concretas para que se prohíba el ingreso de productos que no cumplan con ciertos requisitos humanitarios, como la no violación de los derechos humanos de indígenas o quilombolas.
-La violencia no para de crecer, continúan los asesinatos de líderes comunitarios y sociales y la impunidad es total.
-Eso es lo más terrible. Este año tuvimos la masacre de Pau D’Arco*, que no cayó en el olvido porque organizaciones de derechos humanos lo impidieron.
La impunidad va alimentando la violencia, es circular. Los agresores se sienten legitimados.
Existe un movimiento sistemático para frenar las demarcaciones y para expulsar a las poblaciones indígenas de sus tierras ya demarcadas.
El estado más afectado es Mato Grosso do Sul, y en Rondonia se está dando un fenómeno de invasión del que son víctimas las tribus Uru-Eu-Wau-Wau y Karipuna: les han loteado sus tierras y las están vendiendo ilegalmente.
No hay nadie que frene eso a pesar de todas las denuncias que se hacen.
Hay un clima de violencia e inseguridad para los defensores y defensoras de derechos humanos que abruma.
-¿La falta de articulación entre movimientos sociales es también responsable de este presente?
-Lo que siento es que existe un gran sentimiento de impotencia. Lo poco que intentamos hacer no tiene incidencia y vamos quedando anestesiados.
Es necesario poner el acento en los temas de consenso y no en las pequeñas desavenencias que tengamos entre tal o cual organización. Para enfrentar esta realidad tenemos que manejarnos con unidad. ¿Y qué nos une? Que están desmantelando todos nuestros derechos.
-Además de este sentimiento de desesperanza, en las bases hay muchas personas que luchan a diario para combatir esta realidad.
-Sin dudas. Hay comunidades que han logrado avanzar al margen del sistema capitalista, que se han organizado en base al trabajo común y al canje de mercancías.
El camino es ese: volver a las bases comunitarias, escucharlas, aprender de ellas y tal vez recrear la identidad a partir de la lucha concreta de las comunidades.
Si volvemos a tomar contacto con estos pueblos quizá podamos contagiarnos de su lucha y eso nos ayude a salir del ostracismo en el que caímos.
*El 27 de mayo pasado, nueve campesinos fueron masacrados en Pau d’Arco, en el estado de Pará, mientras estaban acampados al lado de la estancia Santa Lúcia.