Sobre esta nueva barbarie presentada por los legisladores ultraderechistas y de la denominada bancada de la biblia (neopentecostales) conversamos con Lourdes Mallmann, secretaria de Mujeres de la FTIA-RS y activa militante del Comité Latinoamericano de Mujeres de la UITA (Clamu).

“Decidimos manifestarnos con una nota enseguida que se aprobó este régimen de urgencia para tratar este proyecto, porque justamente le había sido negado el aborto a una niña víctima de violación”, recuerda.

“Esta decisión marca un claro retroceso en términos de derechos adquiridos, ni hablar de que es inhumana y absurda. La pena que prevé el proyecto es mayor para la víctima que para el agresor”, subraya Lourdes.

El proyecto dispone que el aborto legal —permitido en Brasil en casos de violación, peligro de muerte para la gestante o por un tipo de malformación fetal— solo se permite hasta las 22 semanas de embarazo. En la legislación actual, no hay un plazo fijo para que se realice el procedimiento.

Si el plazo se supera, la pena se equipará al delito de homicidio simple, que estipula de seis a 20 años de prisión.

Cabe destacar que, según datos oficiales, dos mujeres son violadas por minuto en Brasil y el 80 por ciento de los casos involucran a niñas y adolescentes, y los ataques son generalmente cometidos por el entorno de las víctimas.

Expertos médicos señalan que muchas de las víctimas, en general niñas de 10 a 12 años, como no tienen un ciclo menstrual regular no reconocen los síntomas del embarazo, y las madres de esas niñas, que muchas veces no denuncian que fueron abusadas por miedo y culpa, piensan que las náuseas son debido a parásitos o algún virus.

El embarazo solo es descubierto cuando el vientre crece, es decir tras cuatro o cinco meses de gestación.

Según Lourdes, hay innúmeros casos en los que en los propios hospitales se niega el derecho al aborto en estas circunstancias, aun cuando las niñas están amparadas por la legislación, o en los que jueces locales disponen medidas para evitar el procedimiento.

“Imagínense si este proyecto se convierte en ley. Es evidente que las más afectadas van a ser las niñas y adolescentes pobres, las negras. Es un espiral de violencia sin fin”, apunta.

Para la dirigente, más allá de las opiniones personales sobre la interrupción voluntaria del embarazo, es importante que como organizaciones que defienden los derechos humanos, los sindicatos tomen una postura sobre el tema.

“Pienso que como organizaciones que luchamos por los derechos de las mujeres tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este proyecto no avance.

Sobre todo, porque en los casos de violación, el aborto es un derecho constitucional adquirido, no un crimen”, finalizó.