“Es mucho tiempo 44 años, pero estoy feliz porque, aunque tarde, se hizo parcialmente justicia. Quedan otros sin castigar y aquí en Brasil la impunidad es prácticamente total, por ese y por otros crímenes, pero es un avance grande”, dijo a La Rel desde Porto Alegre Jair Krischke, actual asesor en derechos humanos de UITA que jugó un papel central en la denuncia de aquellos hechos.

Esta semana la jueza penal de 27 turno de Montevideo Silvia Urioste procesó con prisión a los militares Carlos Alberto Rosell y Glauco Yanone por privación de libertad y violencia privada por el cuádruple secuestro cometido en Brasil en 1978.

El jefe del operativo, el ex oficial de inteligencia Eduardo Ferro, uno de los cabecillas uruguayos del Cóndor, se encuentra en prisión en Montevideo por otra causa, el asesinato del militante comunista Oscar Tassino, pero no ha sido aún juzgado por esta, y un cuarto participante uruguayo, José Bassani, vive libremente en España.

En Brasil, a su vez, el único que ha sido sancionado es un ex futbolista que formaba parte del Departamento de Orden Público (DOPS), Didí Pedalada, pero ninguno de los responsables políticos ni militares del operativo han tenido castigo alguno, dice Jair.

“Nunca se buscó investigar algo que para mí es tremendamente grave: que militares uruguayos ingresaron a territorio brasileño para cometer un delito en Porto Alegre en complicidad con brasileños”. Hay autoridades políticas y militares implicadas, pero ninguna ha sido investigada ni molestada.

Krischke todavía no había fundado el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos −lo haría un año más tarde−, pero ya era un activista por los derechos humanos, solidario con los perseguidos políticos por las dictaduras de los países del Cono Sur, cuando el 12 de noviembre de 1978 policías y militares uruguayos y brasileños ingresaron al apartamento gaúcho donde vivían Celiberti y Rodríguez, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) de Uruguay, y los dos niños.

Su principal objetivo era Hugo Cores, secretario general del PVP que por entonces estaba exiliado en Sao Paulo.

En los días siguientes Krischke y periodistas de la revista Veja difundirían y denunciarían el caso en Brasil y en todo el mundo y permitirían que la operación “Zapatos rotos”, como la habían llamado sus autores, no terminara como tantísimas otras del Plan Cóndor de cooperación entre las dictaduras sudamericanas, es decir con el asesinato o desaparición de sus víctimas.

“Todo aquello salió a luz”, contó tiempo atrás Jair a La Rel, “porque a Lilián los militares que la secuestraron y la torturaron le descubrieron en un bolso un número de teléfono de París. La obligaron a que llamara a ese número y ella se las ingenió para que el compañero que la atendió sospechara lo que estaba pasando”.

Ese militante del PVP se comunicó con Cores en Brasil, y Cores con periodistas de la revista Veja y abogados, que iniciaron una serie de pesquisas.

En una ocasión Luiz Claudio Cunha, corresponsal de Veja en Rio Grande do Sul, y un fotógrafo de la publicación llegaron hasta el apartamento donde vivían los uruguayos. Un militar les apuntó a la cabeza. Al identificarse como periodistas los dejaron ir, antes de decirles que estaban en medio de una operación de represión al contrabando.

El fotógrafo reconoció al agresor como Pedalada, del que ya se sabía que integraba el DOPS.

Las denuncias de los periodistas y de la red de abogados y militantes humanitarios de la que participaba Jair fueron tan rápidas y contundentes que Celiberti y Rodríguez debieron ser “blanqueados” por las autoridades de la dictadura uruguaya, que inventaron una historia como que habían sido detenidos en la frontera con Brasil.

Los niños fueron entregados a su familia materna, tras permanecer 18 días en sitios clandestinos en Montevideo donde llegaron a ser maltratados por sus captores.

Universindo y Lilián estuvieron cinco años en prisión. Apenas fueron liberados, en 1984, denunciaron su secuestro ante la justicia uruguaya. Krischke viajó a Montevideo para asesorarlos y apoyarlos. Pasaron 38 años hasta el fallo judicial de esta semana.

“Me alegro enormemente por Lilián, Camilo y Francesca y pienso mucho en Universindo”, dice Jair a La Rel. Rodríguez, investigador universitario y militante político y sindical, murió en 2012.

Krischke quiere evocar también a Hugo García Rivas, “un ex soldadito uruguayo que era fotógrafo, participó en el operativo en Porto Alegre y permitió con su testimonio identificar a los militares, entre ellos a dos que han sido condenados ahora”.

“Lo ayudamos a escapar de Uruguay −desde entonces vive en Noruega− y pudo hacer una denuncia completa. También hay que rescatar a personas como García Rivas. Valen mucho”.