A esta altura del partido Bayer se debe estar arrepintiendo de haber comprado a Monsanto.
Un modelo de gestión laboral en el banquillo
Por primera vez en Francia, dirigentes de una de las empresas más importantes del país deberán responder ante la justicia por las consecuencias de su gestión de las relaciones laborales, que condujo a decenas de suicidios de trabajadores.
Sobrevivir en el corazón sojero argentino
“Esta es la ciudad del núcleo sojero. Hablar de eso acá implica que te traten de loca”. Lo dijo Sabrina Ortiz, fundadora de Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, una localidad en la que de a poco la resistencia a un modelo agrícola que está enfermando y hasta matando a sus habitantes va ganando terreno.
Promesa cumplida
Una cosa hay que concederle al gobierno de Jair Bolsonaro: cumple con sus promesas.
Un freno a las fumigaciones salvajes
El gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Gustavo Bordet, había autorizado las fumigaciones a menos de cien metros de las escuelas.
Una nueva derrota para Monsanto
Edwin Hardeman, un agricultor de 70 años que por décadas fumigó Roundup en sus cultivos, denunció a Monsanto, el fabricante de ese agrotóxico, por el cáncer que se le diagnosticó. La justicia del estado de California acaba de darle la razón.
La globalización de la violencia
Sergio Rojas, líder de la comunidad Bribri, es el último de una larga lista de nativos asesinados.
¿Quién ordenó el crimen?
Casi un año después del asesinato de la ex concejala Marielle Franco en Rio de Janeiro las autoridades brasileñas detuvieron a dos ex integrantes de la Policía Militar que habrían participado en el crimen.
Investiguen, señores
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recogió las denuncias de un grupo de personas amenazadas de muerte por un comando paramilitar y conminó al Estado uruguayo a investigar esos hechos.
La impunidad permanente
Tras esperar en vano por más de dos años que se investigaran a fondo las amenazas de muerte que recibieron de un comando paramilitar, la mayor parte de las víctimas de ese delito denunciaron al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).