El registro de estadísticas arroja que 38,6 por ciento de los femicidios se produjeron en la vivienda de la víctima y en 33,3 por ciento en la vivienda que la víctima compartía con el agresor.
En relación al vínculo con el femicida, en el 42,1 por ciento de los casos el agresor era la pareja de la víctima y en el 36,8 la expareja.
Seis de las 33 mujeres asesinadas seis habían realizado al menos una denuncia previa y sólo 3 tenían medidas de protección.
A la triste y dramática estadística del Registro Nacional de Femicidios 2021 se sumó el pasado lunes la muerte de Úrsula Bahillo, una joven de 18 años asesinada a puñaladas por su expareja, Matías Ezequiel Martínez, un oficial de la Policía Bonaerense que estaba con expediente psiquiátrico desde septiembre de 2020 y que intentó suicidarse luego del crimen.
Úrsula había denunciado en varias oportunidades a Martínez por amenazas y violencia de género. El policía tenía una medida de restricción perimetral que violó dos días antes del crimen.
Úrsula había reclamado que le dieran el botón antipánico. Lo pidió muchas veces. Finalmente, se lo iban a dar. Tanto demoraron, que fue asesinada.
De nada sirve avanzar en las leyes si no hay desde las instituciones, voluntad política y profesionales capacitados para aplicarlas.
La legislación es solo un primer paso, pero la violencia doméstica de género es un problema social que nos involucra a todos.