El último ejemplo de ese tipo tuvo lugar en Argentina hace unos pocos días.
Nelson Ramón González, cabo retirado del Ejército, confirmó ante el Tribunal Oral Federal 4 de la localidad de San Martín, que Campo de Mayo, uno de los mayores campos de concentración de la dictadura argentina, había sido también utilizado por los “vuelos de la muerte”.
“Más de 4.000 personas fueron tiradas al mar”, dijo el militar ante los jueces que lo interrogaron por los casos de los militantes de la organización guerrillera Montoneros que se habían exiliado en Europa y regresaron a Argentina entre 1979 y 1980 en el marco de una “Contraofensiva” de ese grupo contra la dictadura.
Todos los involucrados en esa operación fueron detenidos y “desaparecieron”. Dos de ellos fueron fusilados en el patio del cuartel de Campo de Mayo y sus cuerpos quemados con cubiertas. El resto, varias decenas, formaron parte de los “vuelos de la muerte”: embarcados en aviones, fueron sedados y tirados vivos a las aguas del Río de la Plata.
La existencia de esos vuelos –una sospecha de militantes sobrevivientes de los campos de concentración- fue ratificada en 1995 por el militar Adolfo Scilingo al periodista Horacio Verbitsky, que reunió las extremadamente detalladas confesiones del ex oficial en el libro El vuelo.
“El testimonio de González es muy importante, porque pone en la escena judicial algo que no había sido judicializado hasta el momento y, al mismo tiempo, contribuye a entender el nervio central de la represión en toda la Argentina”, dijo ahora Pablo Llanto, abogado querellante en esta causa.
En el curso del proceso debería quedar en evidencia el funcionamiento del aparato de inteligencia montado por el Ejército para desbaratar la “Contraofensiva” con operaciones que incluyeron el secuestro de montoneros en el exterior, así como el traslado de militantes secuestrados en Argentina a países de la región para utilizarlos como señuelos en la captura de otros que allí residían.
El cabo dio detalles sobre los “vuelos”. Dijo que partían de un sitio contiguo a Campo de Mayo. “Era sabido en todo el cuartel. Ahí estaban los aviones Fiat y los vuelos salían de ahí. En todos lados se comentaba”.
La operativa estaba bien aceitada e involucraba a un grupo de ocho oficiales permanentes y a personal rotativo proveniente de las dependencias del cuartel utilizadas como centros clandestinos de detención.
“Se funcionaba con comisiones rotativas de dos meses, bajo el comando de la patota y de los grupos de inteligencia, sobre todo del Batallón de Inteligencia 601, al cual pertenecía el actual secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez”, admitió González.
Una decena de represores deberán pasar por el tribunal. Se los juzgará por un centenar de acusaciones de delitos de lesa humanidad. Unos 250 testigos prestarán testimonio.