Hasta este martes 11 los muertos confirmados eran 16, los desaparecidos superaban el centenar y buena parte de la ciudad seguía bajo agua.

“El año pasado tuvimos en esta zona un temporal de vientos inusualmente fuertes. Varias instituciones ambientales habían advertido que iban a tener lugar, que serían cada vez más habituales y que habría otros eventos extremos, pero desde el gobierno federal nada se hizo”.

Lo afirma Antolín Magallanes, ex funcionario de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), una institución encargada de la gestión de inundaciones en la vasta región que abarca a Bahía Blanca, ciudad de 300.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires.

Como otras dependencias estatales que se ocupan de estos temas que el gobierno del ultraderechista Milei considera superfluas, la ACUMAR está siendo vaciada, de fondos y de personal.

Antes ya se había hecho lo propio con el Servicio Meteorológico Nacional: en 2024, más de un centenar de sus trabajadores, un 15 por ciento del total, fueron despedidos. Entre ellos había expertos en la emisión de alertas.

“Este es un gobierno para el cual el cambio climático no existe, niega que haya causas de este tipo de fenómenos que tengan que ver con modelos productivos, con problemas de planificación y de gestión urbana”, con acciones concretas de seres humanos concretos que se mueven según intereses e ideologías, sugiere Magallanes.

“La crisis climática, la deforestación, el avance del agronegocio, el extractivismo urbano y la falta de obras son algunas de las causas de lo sucedido en Bahía Blanca. No se trata, solo, de lluvias extraordinarias”, escribe a su vez en la agencia Tierra Viva el geógrafo y educador ambiental Diego García Ríos.

Pero un gobierno negacionista del cambio climático como el de Milei nunca va a actuar para corregir nada a pesar de que catástrofes como las inundaciones de Bahía Blanca “se cobren vidas y provoquen pérdidas millonarias”, dice.

Ni siquiera hará nada para mitigar consecuentemente los daños.

Tres días antes de que se desatara el temporal que acabó anegando la ciudad y destruyendo sus infraestructuras, el Ministerio de Capital Humano había desguazado la Dirección Nacional de Emergencias y despedido o pasado a disponibilidad a sus casi 500 funcionarios.

El gobierno consideraba innecesario y superfluo a ese organismo que se ocupaba de asistir con insumos y profesionales ─desde médicos a psicólogos y asistentes sociales─ a los damnificados por catástrofes como ésta, según recordó el diario Página 12, y le aplicó su famosa motosierra.

Cuando en 2022 una sucesión de incendios quemó casi el 12 por ciento de la superficie de la provincia de Corrientes, la Dirección Nacional de Emergencias jugó un papel central en la asistencia inmediata (con agua, alimentos, productos de higiene y limpieza, medicamentos, colchones, frazadas, ropa) y posterior a los damnificados.

Ahora, sus funciones pasarán a la órbita de los ministerios de Seguridad y Defensa, que a Bahía Blanca. Hicieron lo que saben hacer, y despacharon sobre todo soldados y policías.

El grueso de la asistencia a las víctimas provino de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, de instituciones locales de otras partes del país y de la solidaridad activa de personas y asociaciones.

Gente que piensa que el desmantelamiento del Estado que practican como un credo gobiernos como el de Milei, el de Donald Trump en Estados Unidos y tantos otros es lisa y llanamente criminal.