“El movimiento sindical argentino llama a la atención urgente del director general de la OIT sobre recientes acontecimientos que afectan a los y las trabajadoras de la República Argentina y solicita que la presente denuncia se envié con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones”, señalaron las tres centrales en una declaración conjunta.

Según destacan en su escrito, el plan de ajuste anunciado por el Ejecutivo de Javier Milei “generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario que venía sufriendo Argentina y dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores formales e informales, de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como de jubilados y pensionados”.

Millones de argentinos y argentinas estarán “en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas”.

Las medidas anunciadas implican además “una fuerte paralización de la actividad económica” y configuran “un disciplinador social”.

Como parte de esta estrategia disciplinadora, el Ministerio de Seguridad adoptó el denominado “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación”, que apunta a “criminalizar la protesta social” y consagrar la persecución sindical, vulnerando derechos constitucionales.

En el mismo sentido, el gobierno dispuso crear un registro de las organizaciones que reclaman en el espacio público, proceder a identificar los vehículos que trasladen personas para manifestaciones y demandar judicialmente a las organizaciones y los individuos que las convoquen.

“Se trata de una reglamentación abusiva tendiente a desnaturalizar derechos constitucionales reconocidos a su vez por normas internacionales fundamentales” que Argentina ratificó, recuerdan.

“A su vez, contradice las recomendaciones de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga, y el derecho de protesta y manifestación”.

La denuncia, presentada el lunes 18, fue firmada por los secretarios de Relaciones Internacionales de las tres centrales: Roberto Baradel, de la CTA-T, Adolfo Aguirre, de la CTA-A, y Gerardo Martínez, de la CGT-RA.