El pasado 8 de marzo el Congreso guatemalteco aprobó el decreto 18-2022, denominado “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” que, entre otras aberraciones, prohíbe el matrimonio homosexual y eleva las penas por aborto.
En la jornada de capacitación realizada ayer por la Comisión de Mujeres del Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Córdoba, las 350 compañeras participantes aprobaron con entusiasmo la carta que será dirigida al presidente de la República de Guatemala.
En la misma se manifiesta que el referido decreto genera una situación trágica para los derechos humanos en Guatemala, donde se criminaliza y pone en riesgo a las mujeres y a las personas LGBTI.
“El decreto consagra la discriminación sexista, en particular en el sistema educativo, y penaliza aún más la interrupción del embarazo, violando convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por Guatemala”, se señala en la nota.
Con un improvisado cartel surgido de la indignación reinante luego del informe del Clamu, el nutrido grupo de sindicalistas se fotografió manifestando así su solidaridad con las mujeres guatemaltecas y el colectivo LGBTI.
