“Compartimos la preocupación por cuidar la salud de los más de 10.000 trabajadores que representamos y de la sociedad argentina en su conjunto, pero es nuestra obligación visibilizar la permanencia del freno de nuestra actividad, más aún cuando las dos organizaciones sindicales y las empresas hemos trabajado en un protocolo sanitario que nos permita reanudar las actividades de manera segura”, señalaron.
El protocolo acordado incluye dotaciones mínimas y turnos de trabajo que eviten las aglomeraciones, traslado privado a los lugares de trabajo y el respeto de estrictas prácticas y protocolos de seguridad e higiene.
Los dos gremios solicitaron la reapertura de las fábricas, ya que las empresas decidieron importar cigarrillos desde otras plantas de la región, como Brasil y Chile, lo que se suma al contrabando creciente de cigarrillos proveniente de Paraguay.
El conjunto hace que las fuentes de trabajo estén realmente en peligro.
“Entendemos que las autoridades de gobierno comparten el valor del empleo industrial argentino y que no está entre sus objetivos que dichas actividades, generadoras de mano de obra y dinamizadoras de la economía, sean reemplazadas por bienes traídos del extranjero”, destacaron.
La suspensión de la actividad también amenaza los fondos de la obra social sindical.
“Por cada día en que no salen cigarrillos al canal comercial, el Estado deja de percibir 700 millones de pesos de impuestos y las obras sociales ven lesionados seriamente sus ingresos en momentos en que el sistema debe estar fortalecido para enfrentar las necesidades de los afiliados”, culmina el texto, firmado por Juan Martini, secretario general de la Federación, y Raúl Quiñones, del SUETRA.