Mientras el presidente de SanCor Alberto Eduardo Sánchez reconocía que la empresa arrastra una histórica deuda salarial con su personal, legisladores que lo acompañaban agredían a los trabajadores de la cooperativa y afirmaban que no descansarían hasta llevarlos a la cárcel.

Se trata, señaló el cuerpo de Delegados de Personal de SanCor en un comunicado, de “vulgares agitadores que perciben suculentos sueldos, más gastos de traslados, comidas, hoteles, asignaciones especiales, movilidad, celulares, pagados por el pueblo trabajador”.

De acuerdo a medios de prensa, quienes así procedieron fueron Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz, legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe de Propuesta Republicana (PRO), el partido del expresidente Mauricio Macri, actualmente aliado con el mandatario ultraliberal Javier Milei.

Los tres se presentaron el miércoles 14 en la sede de SanCor en Sunchales, Santa Fe, para defender a la patronal y tratar de “delincuentes” a los trabajadores en conflicto.

Razzini es una de las fundadoras del Movimiento Empresarial Antibloqueo, una asociación, recuerda el comunicado de los gremialistas, “cuya inscripción fue rechazada tanto por la Inspección General de Justicia como por la Sala I de la Cámara Civil, declarándose su objeto ‘contrario al bien común por oponerse al derecho de huelga, un derecho constitucional”.

“Demasiado dolidos y golpeados estamos con la situación, para que vengan estos arribistas a agitar y amenazar, a instalar violencia, a agredir a las y los trabajadores con soberbia, desconocimiento y mentiras”, culmina el comunicado.

“Ni Sunchales ni la empresa necesita a estos personajes”.