El gobierno contra los trabajadores
Con las excusas de la modernización y el incentivo de la inversión, la Cámara de Diputados argentina se desentendió del principio protectorio del trabajo y votó una norma regresiva, que podría asemejarse a leyes promulgadas en la década de los 90 o a la última dictadura cívico-militar.
Juan Luis Rodríguez
6 | 5 | 2024
Foto: Leandro Godoy
La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, expresa que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”, pero la Cámara de Diputados esta semana le otorgó media sanción a la Ley de Bases, que contiene diversas cuestiones regresivas en materia de derechos laborales.
La reforma modifica, entre otras, las leyes 20.744 (de Contrato de Trabajo) y 24.013 (de Empleo) y entre sus principales puntos dispone la extensión del período de prueba de 3 a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores; de ocho para PyMES de 6 a 99 trabajadores; y de un año para mini-pymes de hasta 5 trabajadores.
Esto genera un contexto de vulnerabilidad e inestabilidad de la relación laboral, sumado a que si el trabajador fuese despedido en este lapso no tendría derecho a indemnización.
Dispone igualmente la derogación de las multas para aquellas empresas que tengan trabajadores no registrados y crea la figura de “trabajador independiente con colaboradores” para firmas de hasta 5 empleados.
Esto último se vislumbra inconstitucional al pretender encubrir una relación laboral por una figura de locación de servicio, lo que sería quitar de la esfera laboral y llevarla a lo civil, prohibiendo al trabajador de obra social, marco jubilatorio, indemnización.
Crea asimismo un fondo de cese laboral optativo por el cual los trabajadores tendrían que aportar para su propia indemnización en caso de despido.
Se establece un impuesto a las ganancias de los trabajadores, una medida contra la cual el actual presidente Javier Milei votó en contra cuando era diputado, mientras prometía en campaña que se cortaría un brazo antes de subir un impuesto.
La norma fija también que a los trabajadores públicos que participen de huelgas se les descuente el proporcional por las horas no trabajadas, lo que va en contra del derecho de huelga, protegido constitucionalmente y ratificado a través de diversos pactos internacionales.
La ley cierra por otra parte dependencias públicas y pretende que aquellos funcionarios de organismos que sean eliminados sean pasados a disponibilidad por hasta un año y despedidos si no consiguen otro puesto.
Ahora será el Senado el que tenga la posibilidad de frenar este avasallamiento a los derechos laborales.
