De Argentina a Francia, pasando por Chile, Perú y Ecuador, las protestas sociales son respondidas por los gobiernos con una receta común: la represión.

Ahora son las movilizaciones de los pueblos originarios en la provincia argentina de Jujuy, semanas atrás fueron las de los mapuches, en Chile, o las manifestaciones en Francia contra la reforma jubilatoria, o las protestas callejeras en el Ecuador gobernado por Guillermo Lasso o el Perú de Dina Boluarte.

En Francia y Argentina no hubo muertos (hasta ahora), pero sí decenas de heridos, algunos de ellos graves. En Ecuador, Perú, Chile sí los hubo.

Un libro publicado el año pasado, Protestas mundiales: un estudio de los temas clave de las protestas en el siglo XXI (Palgrave Macmillan, 2022), constata que el aumento de las desigualdades, las violaciones a los derechos humanos de minorías raciales, la aceleración del cambio climático están generando cada vez más protestas en todo el mundo y cada vez más respuestas violentas por parte de los gobiernos.

Lo de Argentina esta semana es un ejemplo claro: en Jujuy, una provincia del noroeste, comunidades indígenas que protestan contra una reforma constitucional que consideran expoliadora han recibido como respuesta una feroz represión.

En los últimos días movilizaciones callejeras han sido atacadas con granadas lacrimógenas lanzadas a quemarropa, palos, gases, balas de goma, perdigones, detenciones. Producto de la represión, un adolescente perdió un ojo.

“Hubo mujeres revoleadas por el piso por la policía, gente detenida porque sí, infiltraciones de agentes entre los manifestantes, que protestaban pacíficamente”, constató en el lugar Horacio Pietragalla, un hijo de desaparecidos apropiado por represores que es hoy secretario de derechos humanos en el gobierno nacional.

La amplitud de las protestas, a las que se sumaron otros movimientos sociales y el gremio de los docentes, movilizado desde antes por reivindicaciones salariales, hizo que el gobernador Gerardo Morales realizara algunas concesiones menores, pero mantuvo lo esencial de su reforma.

El proyecto contempla, entre otras, medidas para limitar el derecho de manifestación, expropiación de tierras para el desarrollo de proyectos extractivistas, en especial mineros, nuevos beneficios para los empresarios, limitación del poder del gobierno federal a intervenir en la provincia, desconocimiento de tratados internacionales firmados por el país.

“Vamos a perder el agua y nos van a contaminar todo, y de ello no seremos víctimas solo las comunidades nativas sino el conjunto de la población”, dijo una líder indígena, y Carolina Moisés, diputada por Jujuy, denunció que “el trasfondo de la reforma es el manejo de la industria del litio”.

El secretario regional para América Latina, Gerardo Iglesias, denunciaba hace unos días en el 28º Congreso Mundial de la UITA que “como llegaron en el pasado por el petróleo, nuestras tierras, el cobre, ahora vienen por el litio, como lo vaticinó sin tapujos la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson”..

El gobernador Morales ha recibido el apoyo “incondicional” de los principales referentes de Juntos por el Cambio, como la ex ministra del Interior Patricia Bullrich.

A pesar de la represión, las protestas seguirán. “Es el pueblo jujeño el que está tomando las calles, cortando las rutas”, dijo Nelson Castillo, referente del pueblo coya. “Hasta que no caiga la reforma nos seguiremos movilizando”, anunció a su vez Melany Huanca, del pueblo aymara.

Los organizadores de las protestas reclaman la intervención del gobierno federal en la provincia. Por ahora no llega.