Más ajuste, menos demanda. Más recesión, menos producción. Más pobreza, menos trabajo, menos salarios.
Una vergüenza para nuestra bandera nacional ponerla al servicio del FMI.
La directora del organismo internacional, Christine Lagarde públicamente asumió las funciones de la política económica, anunciando en persona lo que en Argentina se hará.
Nos prestan dinero por 57.000 millones de dólares, de los cuales giraron una parte (que se transformó en fuga de divisas a manos privadas), y a cambio el gobierno nacional le entrega nuestra soberanía e independencia económica.
El FMI puso hasta el nombre del funcionario que dirige ahora el Banco Central Argentino para asegurarse que vamos a realizar cada una de las demandas del organismo internacional que se traducen en ajuste y más ajuste.
En 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa y teniendo como ministro de economía a Domingo Cavallo, Argentina firmó un blindaje de deuda (similar a lo acordado ahora con el FMI) que representó el inició de la debacle financiera y la crisis social y económica de diciembre de ese mismo año.
El plan de aquel entonces es el mismo que el actual: “el ajuste”. Y hasta se usaron los mismos eslóganes que utiliza el presidente Mauricio Macri: “hacemos lo que hay que hacer”.
A juzgar por la historia es una mentira para tratar de imponer que el único camino es un ajuste liberal que ya ha dado acabadas muestras de su fracaso en Argentina y en otros países del mundo.
En menos de un año nuestra moneda se devaluó el 100 por cien, provocando la caída del poder adquisitivo de los salarios.
Los salarios de la industria de la alimentación en la categoría inicial se redujeron en los últimos doce meses de 1.112 a 516 dólares. Es decir, más de la mitad.
El FMI impone un valor del dólar que es altísimo para nuestra economía, lo que genera más recesión, encarecimiento del crédito productivo y aumento generalizado de precios, tarifas e impuestos.
Y en función de las necesidades de los acreedores internacionales.
En el presupuesto nacional para 2019 se prevén recortes de gastos e incrementos de impuestos, todo con el solo objetivo de asegurarles a los acreedores externos el pago de la deuda y los abultados intereses.
El recorte en el presupuesto será de 500.000 millones de pesos (unos 12.500 millones de dólares), mientras en las últimas dos corridas cambiarias se fugaron más de 30.000 millones de dólares.
Este recorte saldrá especialmente de la disminución de gastos destinados a mantener la calidad de vida de la población.
“Ayudas sociales a personas” baja el 22 por ciento; Plan Alimentario Nacional el 74; “Transferencias a las provincias” el 50; los hospitales recibirán 17 por ciento menos; el subsidio al transporte cae 24 por ciento y también se reduce la inversión en obra pública.
La única partida que crece en forma importante es «Servicios de la deuda”.
Mientras bajan las partidas para educación, salud y previsión social, los acreedores se garantizan el cobro de sus ganancias.
Mantener la misma cantidad de dinero circulante significará más caída de la actividad económica, menos demanda, menos producción, menos trabajo y menos salarios, el encarecimiento del crédito productivo y el ahogo financiero para las Pymes.
Al recorte que ya le hicieran a nuestros jubilados y pensionados en diciembre pasado, ahora le suman más aumentos de impuestos, tarifas y precios.
Las pérdidas de puestos de trabajo son alarmantes.
Más de 40.000 empleos se han perdido en este año, unos 4.878 por mes.
Se trata de un plan bien diseñado y elaborado por el gobierno nacional junto al FMI para tratar de imponer nuevamente las políticas liberales de mercado que han llevado a la pobreza y exclusión de muchos en beneficio de unos pocos.
No se puede aprobar un presupuesto nacional que perjudique a la mayoría de los argentinos y argentinas para beneficiar a los bancos y usureros internacionales.
Solicitamos la reapertura de las paritarias en forma inmediata, sin techo ni condicionamientos.
Necesitamos recomponer el poder adquisitivo de nuestros salarios.