Argentina ingresa a la pandemia en marzo de 2020 cuando se producen los primeros casos, en ese momento, todos ellos importados por personas provenientes desde Europa, Asia y Estados Unidos.
No puede dejar de destacarse que Argentina llegaba a esta coyuntura, con una situación, económica, social y política absolutamente deteriorada.
En efecto los cuatro años de gobierno neoliberal produjeron una caída importante del producto bruto interno en 2018 y 2019, durante los cuales el endeudamiento creció enormemente transformándose la deuda externa que a fines del 2015 no superaba los 40.000 millones de dólares a los 160.000 millones actuales, de los cuales 45.000 se tomaron del FMI, que decidió financiar la reelección del gobierno neoliberal.
El deterioro general de la actividad industrial fue de más de un 35% y la desocupación que en 2015 estaba en el orden 4,5% llegó al 11,5%.
La inflación para los cuatro años de gobierno neoliberal fue superior al 300% y las divisas derivadas de las exportaciones agrícola y agroindustriales fueron derivadas a bancas en paraísos fiscales y cuentas en el exterior, con lo que se empobreció seriamente al país.
La situación social también se vio absolutamente deteriorada habiendo llegado el índice de pobreza a más del 36% en 2019.
En lo laboral, el deterioro del salario real fue de cerca de 25% debido a las permanentes presiones del gobierno neoliberal sobre las negociaciones colectivas de trabajo y también por el impulso de medidas legales y administrativas a favor de la precarización de las relaciones laborales.
Herramienta fundamental para esto último fue la persecución y ataque sistemático mediante los sistemas conocidos popularmente como LAW FARE y FAKE NEWS, aplicado a los sindicatos y dirigentes sindicales.
Políticamente se favoreció desde el gobierno neoliberal el predominio de las clases sociales poderosas sobre la clase media y los trabajadores, ello mediante el apoyo de los medios de comunicación aliados del gobierno y la manipulación de resortes institucionales, generando acciones persecutorias desde un poder judicial manipulado y al servicio de la política oficial.
Es en este contexto es que la ciudadanía asesta en los meses de agosto y octubre un claro golpe de rechazo a las políticas implementadas entre 2016 y 2019, eligiendo un gobierno de corte democrático y popular.
Así fue, como a poco de asumido el nuevo gobierno, antes de los cuatro meses, se ve inmerso en la pandemia Covid 19 y la recesión mundial que la misma trajo aparejada.
Argentina ya estaba en default desde octubre de 2019, en cuyo transcurso el FMI, ante la evidencia de que el gobierno neoliberal cuyas políticas alienta el organismo sería desplazado del poder, negó el último desembolso de 5.400 millones de dólares al país.
La imagen de los meses de marzo y abril del 2020 no podía ser más desalentadora para el país: recesión, default, escases extrema de reservas monetarias y pobreza extrema en ya casi el 40% de la población.
Por su parte la pandemia llegó en medio del un sistema de salud que el gobierno neoliberal se había encargado de desmantelar en sus cuatro años de gobierno. Sus políticas de ajuste pasaron por abandonar hospitales en construcción y el equipamiento de otros ya terminados, todos del área pública, incluso alardeando dicha política disolvió el Ministerio de Salud Pública de la Nación en 2018.
El nuevo gobierno debido a estas dificultades no pudo poner en marcha los planes de reactivación, ni las políticas de crecimiento previstas, concentrando todos sus esfuerzos en tres objetivos primordiales: enfrentar la pobreza, paliando sus efectos mediante políticas de ayuda y contención social; recuperar la salud pública, deteriorada y desmantelada, para atender la emergencia sanitaria que planteaba la pandemia y abocarse a reestructurar la deuda externa para evitar embargos financieros y comerciales de gran impacto económico.
Se implementaron medidas de fortalecimiento a herramientas de acción social como la Asignación Universal por Hijo, para evitar el sufrimiento y el hambre infantil; el Ingreso Familiar de Emergencia, para socorrer sobre todo a los trabajadores y trabajadoras independientes que ante la pandemia quedaron sin ingresos y protección social; Tarjeta Alimentaria, para las familias de menos recursos contribuyendo a la cobertura alimentaria básica y el sistema Asistencia al Trabajo y la Producción, consistente en un subsidio por el cual el gobierno paga hasta el 50% del salarios de los trabajadores y trabajadoras de aquellas empresas que vieron afectada su producción por efectos de la recesión derivada de la pandemia.
A estas medidas hay que anexar el incremento del Subsidio por Desempleo en monto y tiempo de percepción, Prohibición de los Despidos sin causa justificada y por cuestiones económicas.
Asimismo en enero de 2020, el Gobierno Nacional dispuso un incremento de salarios de todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado, incremento que se implementó por decreto del poder ejecutivo nacional y a cuenta de los incrementos paritarios de las negociaciones a llevarse a cabo en el 2020, intentando nivelar a aquellos que más habían sufrido el deterioro de sus salarios reales durante el gobierno neoliberal.
La recesión causada por la pandemia afectó gravemente a la actividad industrial, sin embargo esto no sucedió con el sector lácteo, en efecto, ya en los primeros meses de la pandemia el consumo de leche per cápita en el país creció en 56 litros.
Se dio una situación donde los productos lácteos fueron muy demandados de modo tal que solo sufrieron efectos adversos aquellas industrias que concentraban su actividad en productos con destino a la restauración o elaboración de otros productos alimenticios cuyo consumo decayó, pero estas empresas no demoraron en reorientar su producción y aprovechar el importante incremento del consumo al cual hicimos referencia.
Sin embargo el oportunismo de muchos empresarios, en especial las cámaras o asociaciones empresarias, intentaron generar una imagen y sensación de pérdidas que no fueron tales con el objetivo de tomar ventajas en las relaciones laborales y frente al fisco.
En dicho contexto Atilra exigió al sector empresario el inicio de reuniones para acordar los salarios de 2020, las cuales se llevaron a cabo en medio de un clima de tensión y conflictos.
En el plano sanitario laboral de la pandemia, el Gobierno Nacional dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N°367/2020, que la infección por Covid 19 de los trabajadores y trabajadoras cuyo contagio esté relacionado con el trabajo, es considerado, enfermedad profesional y sujeta a la cobertura y atención médica de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo.
En el marco de la pandemia varias industrias fueron consideradas esenciales, entre ellas las productoras de alimentos y lógicamente la Industria Lechera que nos ocupa.
Los trabajadores de tales actividades fueron exceptuados de las disposiciones legales del aislamiento social preventivo obligatorio, y debieron prestar servicios en sus tareas habituales con la implementación de protocolos sanitarios. De esta obligación se exceptuó a los trabajadores mayores de 60 años y a aquellos que por alguna razón presentaban afecciones de salud que los exponían como población de riesgo.
Se crearon y funcionan satisfactoriamente comisiones en los distintos establecimientos, que tienen por finalidad coordinar las acciones preventivas al contagio.
Las Obras Sociales Sindicales cubren la asistencia a las familias de los trabajadores y trabajadoras y a aquellos cuyo contagio no apareció relacionado con el trabajo.
Las Obras Sociales Sindicales también pusieron a disposición de la población instalaciones y equipamientos propios, colaborando solidariamente con toda la sociedad.
Cabe destacar esta actitud solidaria, especialmente ante la permanente crítica que desde algunos sectores de la política se ensaña con el sistema de salud sindical del país, que atiende y contiene a 12.000.000 de beneficiarios.
Si bien el virus ha sido imposible de contener como en todo el mundo, la política pública implementada permitió que la pandemia creciera en un lapso de varios meses, dando tiempo al sistema de salud deteriorado y olvidado por el anterior gobierno, a que se recuperara y pusiera en condiciones de responder a las necesidades del pico de la infección.
Hasta ahora en el país no se ha debido enfrentar la saturación del sistema de salud, solo en algunas provincias de gobiernos de corte neoliberal, que se resistieron a reaccionar frente a la emergencia sucedieron saturaciones que prontamente el Gobierno Nacional se encargó de superar mediante el envío de reservas de auxilios previstos de antemano.
Actualmente la pandemia se encuentra disminuyendo lentamente en los focos iniciales e incrementándose en sitios que por meses se mantuvieron sin casos, es de esperar que llegando el verano la virulencia disminuya y pueda ir superándose la emergencia.
Queda sí un trabajo muy arduo por todo lo ya expuesto, para poder recuperar la producción y el consumo en un sistema social diezmado por dos pandemias: la NEOLIBERAL y el Covid 19.
Con la recuperación post pandemia la esperanza es que el actual gobierno de corte popular y democrático implemente mecanismos de distribución más justos que favorezcan a los sectores más necesitados.
Héctor Ponce
ATILRA – ARGENTINA