En lo que va de año se produjeron en la zona del Delta del Paraná unos 16.500 focos, más que durante todo 2021. Con excepción de 2020, fue el segundo peor año por el total de quemas desde 2012, de acuerdo al relevamiento semanal que realiza el museo Scasso de San Nicolás.

La Red Nacional de Humedales apuntó a su vez que solo en agosto ardieron más de 165.000 hectáreas en la zona, y en los primeros 12 días de este mes otras 28.000.

Apenas en una jornada, el 6 de agosto, ardieron 1.500 hectáreas.

Las consecuencias del fuego se hicieron sentir en todo el litoral argentino, pero también en zonas tan alejadas como Buenos Aires, o incluso en Montevideo, Uruguay. En Rosario hubo que suspender actividades escolares para evitar que los niños fueran afectados por el humo.

A las quemas en Santa Fe hay que sumar las que se produjeron hace seis meses en la provincia de Corrientes, donde también ardieron miles de hectáreas en zona de humedales.

En el verano pasado, hasta mediados de febrero, según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Corrientes los incendios habían arrasado más de 934.000 hectáreas, un 11 por ciento del territorio provincial.

“Lo que estamos viviendo en las islas del delta del Paraná en Santa Fe ya es crónico”, comentó el Instituto de Salud Socioambiental (INSSA) de la Universidad Nacional de Rosario.

Los repetidos incendios generan alteraciones metabólicas, problemas respiratorios, neurológicos y afectaciones al desarrollo infantil.

“En países como Australia y Canadá, que tienen frecuentes incendios forestales y mucha exposición al humo, quedó demostrado que hay una relación directa con varios problemas de salud. Por ejemplo, el aumento de abortos espontáneos debido a la mala calidad del aire. Se demostró, además, que existe un daño transgeneracional”, dijo Damián Verseñassi, director del INSSA.

“Hay un ecocidio en los humedales que es consecuencia de estas quemas, pero también del fracking, el agronegocio, la megaminería. Los que lo pagan son los habitantes, en su economía, en sus cuerpos, en su modo de vida, y la biodiversidad en su conjunto”, dice el INSSA.

En Corrientes, la Asamblea Basta de Quemas -nacida en enero pasado, cuando comenzaba el nuevo ciclo de incendios- denunció que lo que está sucediendo ahora tiene raíces en un modelo productivo que surgió a mediados de los años noventa, con el desembarco de megagrupos industriales.

“Por primera vez en 180 años, las estancias pasaron de la clase terrateniente correntina a los mercados. (…) Algunas se extranjerizaron y llegó un capital con la idea de intensificar el uso de la tierra”, señala un documento de esa organización social.

“Cambió el contexto: del terrateniente que vivía en el lugar, que incluso hablaba guaraní, era patrón, intendente y señor feudal de la región, se pasó a una empresa extranjera que empieza a alambrar los campos” y modifica el uso de la tierra.

Cita como uno de los “casos emblemáticos” de la transición del viejo al nuevo modelo productivo el Proyecto Ayuí, “que unía al vicepresidente del grupo mediático Clarín, José Aranda, con el millonario húngaro-estadounidense George Soros, en la construcción de una represa”.

El monocultivo forestal se expandió por todo el litoral.

“Como todo monocultivo, el forestal trae la destrucción total de variables ambientales de forma sistemática”, señaló el licenciado en gestión ambiental Emilio Spataro, fundador de Guardianes del Iberá, una asociación que integra la Red Nacional de Humedales, y coordinador de Amigos de la Tierra Argentina.

“En el caso de las forestaciones, fumigan con glifosato para eliminar la vegetación. En los pastizales, hacen surcos para sembrar pinos y eucaliptos. En los humedales, introducen canales y terraplenes para sistematizar el manejo del agua: a medida que crecen, aumenta el consumo. La especie, además, es invasora: el viento la dispersa y crece al borde de una laguna, la coloniza, y se arma un pinar espontáneo que la seca”. Que arda, es más fácil.

De las quemas se ha echado la culpa a los pobladores de la zona, que a veces tienen 3-4-5 vacas.

Es cierto que desde que en los primeros años 2000 comenzó a ingresar masivamente ganado a las islas las quemas de tierras aumentaron, con el fin de asegurar la alimentación de los animales.

Los pobladores –destaca Spataro– “están acostumbrados a quemar el pastizal para que rebrote, pero nadie les dice ni les explica que estamos en un contexto de cambio climático: es responsabilidad del poder político difundir cuáles son las particularidades para que los pobladores no quemen”.

Pero los mayores responsables del desastre hay que buscarlos en los señores de cuello blanco que manejan las empresas instaladas en la zona.

“¿Qué tipo de proyección productiva hay en esas tierras? Plantaciones forestales y ganadería. Los humedales son caros de intervenir porque necesitan una inversión fuerte, pero ahora que están secos el fuego los destruye de forma barata”, observa Spataro.

Se han forestado parajes rurales alrededor de centros poblados, con enormes riesgos de incendio, y secado lagunas y cañadas

El Congreso argentino tiene a estudio hace años una ley de humedales que “implica que cada provincia tenga que incluir a sus humedales en un proceso de reordenamiento territorial participativo”.

Pero la ley está trancada. “Ya es hora de que la voz del territorio pese más que la de los lobbys de un modelo extremadamente subsidiado que no ha generado ningún entramado de desarrollo”, denuncian los Guardianes del Iberá.

Y recuerdan que a miles de kilómetros del litoral argentino también arde la Amazonia, casi que por las mismas razones. En todos lados se cuecen las mismas habas.