El sindicato manifiesta su profunda preocupación ante los actos de represión que se están llevando a cabo contra las marchas y protestas sociales en Argentina.

Medidas adoptadas por el gobierno, como el denominado protocolo antipiquetes y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, constituyen un ataque directo al derecho fundamental de reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la legítima defensa de los derechos humanos y laborales por parte de la ciudadanía.

La criminalización de la protesta social debilita gravemente la democracia al cercenar las voces de quienes, desde los movimientos sociales, sindicales y ciudadanos, demandan una sociedad más justa e igualitaria.

En un contexto de crecientes desigualdades, ajustes económicos severos y retrocesos en conquistas sociales, el pueblo argentino tiene el derecho inalienable de hacer oír su descontento sin enfrentar la violencia o la persecución.

CCOO se solidariza plenamente con los trabajadores, trabajadoras, sindicatos y organizaciones sociales de Argentina que, frente a estas políticas regresivas, continúan luchando por la defensa de sus derechos y por un modelo de país basado en la justicia social y el respeto irrestricto a los principios democráticos.

“Hacemos un llamamiento urgente a las autoridades argentinas para que revisen y deroguen toda normativa o medida que limite el ejercicio de derechos fundamentales, garantizando el pleno respeto a la protesta pacífica como herramienta esencial de participación democrática”, señaló la central española en una declaración.

Asimismo, instamos a la comunidad internacional y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos a mantener una vigilancia activa sobre la situación en Argentina y a pronunciarse en favor de la protección los derechos esenciales.

“No hay democracia sin libertad de expresión ni justicia social sin el derecho a la protesta”, concluye el texto.