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AGRICULTURA SIN AGRICULTORES
I
INFOAGRO COLOMBIA
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I
SEPTIEMBRE
2013
política con la política de tierras, nos se-
ñala el Presidente. ¡Vaya “acusación”!). Sin
embargo, esta aspiración de elemental so-
metimiento al imperio de la Ley y la Cons-
titución, hoy se relega por el gobierno de
turno para atender un repulsivo cálculo,
que responde a intereses bien definidos: al
parecer, ningún recurso se va a reintegrar al
estado, ninguna tierra se va a devolver a los
campesinos, todo lo conservarán los inver-
sionistas.
¿Por qué? Porque es más importante el
huevito de la confianza inversionista que la
noción misma de la justicia en Colombia.
Atónitos nos han dejado algunos rumo-
res develados por la prensa, según los cua-
les el gobierno nacional está sosteniendo
reuniones con inversionistas, proponiendo
que por algún período actúen como con-
cesionarios en las tierras que adquirieron
ilegalmente, saltándose las disposiciones
del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, y que
después de esto, si demuestran buenas
prácticas, devengan propietarios sin man-
cha de estas vastas extensiones de tierras
de los llanos, quedando para vergüenza de
las injusticias cometidas en nuestro país,
bochornosos casos como los de Riopaila
Castilla SA, Luis Carlos Sarmiento, Poligrow,
Mónica Semillas, Cargill, entre otros (Ver:
Reportaje Cargill ).
Se trata de una verdadera conspira-
ción elitista contra la escasa normatividad
pro- campesina que aún tenemos. Es claro
entonces que el Estado colombiano habrá
actuado una vez más como mera junta al
servicio de los grandes inversionistas de la
agroindustria.
Sin embargo, no estamos sólo ante un
rumor. A este trasegar del gobierno colom-
biano en su afán por “dinamizar el mercado
de tierras”, viabilizando las grandes inver-
siones en el agro, despojando a los cam-
pesinos de los baldíos, a través de diversos
Proyectos de Ley y producción normativa
vía Plan Nacional de Desarrollo, se le suman
nuevos hechos.
Tras sus primeras declaraciones cate-
góricas, de condena a la acumulación de
baldíos, el Ministro Estupiñan ha verificado
una metamorfosis que lo hace irreconoci-
ble en pocos días.
Primero moderó el tono perentorio con-
tra esa irregularidad, luego relativizó lo que
antes advertía categórico, y en un tercer
momento ha salido a reivindicar una nue-
va ordenación del territorio que facilite la
explotación de baldíos por el gran capital
(Semana No. 1627).
Y para “unificar el mando”, ahora es el
propio Juan Manuel Santos quien despo-
trica del campesinismo que apenas ayer
parecía inspirar a díscolos funcionarios de
gobierno.
Pero hay más: he solicitado mediante
derecho de petición (al Consejo de Estado
y al Ministerio del Interior), copia del con-
cepto solicitado por el gobierno nacional
al Consejo de Estado (en noviembre 29 de
2012, magistrado ponente Luis Fernando
Álvarez Jaramillo) sobre la interpretación
de la Ley 160 de 1994, en particular sobre la
acumulación de baldíos.
La respuesta ha sido que este docu-
mento se halla bajo reserva por solicitud
del gobierno nacional. ¿Acaso dirá el con-
cepto que es ilegal en toda su magnitud la
acumulación de tierras baldías?, ¿precisará
que la creación de estructuras empresaria-
les como las denunciadas en los casos de
Riopaila Castilla SA, Cargill, Mónica Semillas
y demás, rayan en la ilegalidad y por ende,
como lo establece la Ley, deberían declarar-
se nulas las transacciones? ¿Será por ello
que el gobierno nacional prefiere reclamar
su reserva?
Es asunto de suma importancia que el
gobierno colombiano haga público el con-