A pesar de que Guatemala cuenta con un marco jurídico político e institucional que favorece la realización del derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición, es el tercer país de Latinoamérica con más porcentaje de población bajo la línea de pobreza -el 54,8%- y ocupa el primer lugar en niveles de desnutrición crónica.

Entre las principales causas, la Misión Internacional señala el enfoque predominantemente asistencialista de los programas de seguridad alimentaria, la falta de coherencia entre dichos programas, las leyes y las políticas públicas nacionales, así como un modelo de desarrollo que se basa en la extracción de recursos naturales para la exportación, que principalmente actúa en beneficio del sector empresarial transnacional.

Dicho modelo, subraya el Informe, es contrario a la visión de desarrollo de las comunidades indígenas, campesinas y otras poblaciones rurales, pues ocasiona el acaparamiento de los recursos naturales limitando su acceso, gestión y control por parte de las comunidades.

Además, la Misión ha verificado el aumento de la estigmatización, amenaza, criminalización y violencia por parte del Estado y otros actores hacia las personas defensoras de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en especial hacia las mujeres.

“Este modelo de producción está hecho a la medida del agronegocio y el latifundio. Los niveles muy elevados de concentración de la tierra, junto con la expansión de los monocultivos a gran escala, impactan directamente sobre los derechos de las personas y la soberanía alimentaria de Guatemala, con fenómenos alarmantes de violencia y de violación de los derechos humanos. La misión pudo constatar cada uno de estos aspectos que, por cierto, nos preocupan sumamente”, subraya Gerardo Iglesias, secretario de la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel-UITA).