En este contexto, ¿por qué los poderes públicos no se toman como una cuestión de Estado la lucha contra la violencia machista? Sus medidas son claramente insuficientes y algunas van en dirección contraria a lo necesario.

Estos datos cuestionan de facto el sistema democrático.

Corresponde a toda la sociedad luchar contra este problema social y a los poderes públicos proporcionar las medidas y actuaciones suficientes, tanto de carácter simbólico como con recursos, incluidos los financieros, para asegurar la prevención, la atención y protección a las mujeres y menores que la sufren, y para combatir de raíz contra su caldo de cultivo, fomentando una nueva cultura de igualdad, corresponsabilidad y respeto.

Como se dice en el editorial del último número de la revista Trabajadora, los últimos Presupuestos Generales del Estado dan la espalda a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, reduciendo en 38 por ciento el dinero destinado a ese fin.

Igual tratamiento recibe el capítulo de actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, que será 25 por ciento inferior al de 2010.

El Parlamento Europeo ya dio la voz de alarma en febrero de 2013 sobre el riesgo del aumento de violencia contra las mujeres como efecto combinado de la crisis y de las políticas de austeridad y recortes sociales.

Los problemas económicos favorecen que se produzcan más situaciones de maltrato psicológico y físico, acoso sexual, y muchas mujeres, empobrecidas por la precariedad laboral, que les afecta especialmente, no encuentran la protección que necesitan.

En cuatro años de crisis han descendido un 10 por ciento las denuncias por estas causas, un indicativo de que las afectadas no encuentran o no conocen los resortes de la protección integral que el Estado, en sus diferentes administraciones, debe proporcionar.

También el número de mujeres sin empleo ha aumentado, y hoy superan los 2,3 millones. Ha aumentado por ende su desprotección social y, por tanto, su riesgo o realidad de pobreza.

Desde CCOO exigimos a los poderes públicos que coloquen en el centro de su agenda la lucha contra esta violencia, en protección y atención, y también en la prevención de sus causas.

Exigimos mejoras en la aplicación de la ley integral contra la violencia de género; que se repongan los recortes al gasto público efectuados en prevención y atención a las víctimas; que se recuperen asignaturas con el objetivo educativo de igualdad entre mujeres y hombres en la enseñanza, como educación para la ciudadanía.