La inspección comprobó que el frigorífico no poseía señalización o rutas de escape para casos de emergencia. Además, las máquinas obstruían la circulación de los trabajadores en caso de una eventual evacuación. También se encontró en el local un extintor de incendio vencido y con el sello roto.

La compañía fue penalizada igualmente por practicar dumping social - reducción de los costos de producción a través de la precarización de la mano de obra- con el fin de obtener ventaja competitiva en el mercado.

“Ahora está claro que JBS, por no contar con los requisitos mínimos para ofrecer un lugar de trabajo adecuado, ha practicado competencia desleal, ya que no tiene en cuenta la legislación cuando se trata de salud y seguridad. Eso le ha permitido enriquecerse ilícitamente afectando la seguridad de sus empleados”, dijo la jueza Bruna Gusso Baggio, del Tribunal Laboral de Alta Floresta.

El sector de deshuesado de la compañía quedará clausurado hasta la adopción de medidas de emergencia para garantizar la seguridad de la operación de la planta, ya que la unidad no está en condiciones de responder de manera segura a eventuales incidentes, tales como fugas de gas amoníaco e incendios.

En 2014, una fuga de gas amoníaco en el sector de deshuesado afectó a 17 trabajadores. Después del escape, JBS llegó a ser clausurada a pedido de la fiscal del Trabajo Fernanda Alitta Moreira da Costa.

La fiscal del Trabajo Jessica Marcela Schneider, actualmente a cargo de este caso, explica que el amoníaco es un gas extremadamente corrosivo, que irrita severamente las vías respiratorias, los ojos y la piel.

Dependiendo del tiempo y del nivel de exposición, puede tener efectos que van desde lesiones corporales graves hasta la muerte.

“La clausura del sector tiene como objetivo garantizar la adopción de aquellas medidas más urgentes antes de que los trabajadores retomen sus actividades, para que puedan iniciar su jornada de trabajo seguros de que van a regresar a casa al final de cada jornada de trabajo”, resalta el fallo.

La jueza Bruna Gusso Baggio determinó que el frigorífico debe implementar un Plan de Respuesta a Emergencias (PRE), que comprenda informaciones relativas a la instalación y su área de influencia, teniendo en cuenta las características y complejidad del lugar. Ello incluye acciones específicas, que deben adoptarse en caso de fugas de amoníaco para una evacuación segura de los trabajadores.

Otra exigencia fue la implementación de un Proceso de Seguridad contra Incendios y Pánico del Departamento de Bomberos, obligatorio de acuerdo a la ley 8.399/2005, que fija los criterios mínimos de seguridad necesarios para la prevención y protección en el estado de Mato Grosso.