Un mes después, otra ley, la 30.288 sobre trabajo juvenil, permitió nuevos recortes.

A lo largo de este mes de enero, sindicatos obreros y estudiantiles se han movilizado contra estas iniciativas que conculcan derechos sociales adquiridos. La última fue el día 15, y resultó en un enfrentamiento entre manifestantes y policías que dejó como saldo varios heridos y detenidos.

Alexander Caballero, vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Alimentos, Bebidas y Afines (FNT-CGTP-ABA), participó activamente en las movilizaciones.

“Se han realizado cuatro marchas solicitando la derogación de la Ley Laboral Juvenil, también conocida como Ley Pulpín*, por entender que vulnera los derechos laborales y profundiza la precariedad laboral, pues incrementa el trabajo temporal y la mano de obra barata”, informó a La Rel.

Con la excusa de promover la inserción laboral de los jóvenes, la ley 30.288 recorta vacaciones, aguinaldos, asignaciones familiares y compensaciones por tiempo de trabajo.

“Viene a complementar la ley sobre cese colectivo, porque al poder despedir al 5 por ciento de la plantilla por causas no relacionadas con la capacidad y conducta del trabajador argumentando falencia financiera, el sector empresario podrá comenzar a valerse de ambas normas para bajar sus costos y acumular más ganancias, en detrimento del trabajo decente”, señaló.

Para Caballero este nuevo paquete de medidas económicas que está implementando el gobierno solo favorece a los empresarios.

“Por ahora la Ley Laboral Juvenil afecta a trabajadores de entre 18 y 24 años, pero seguramente se extienda, más temprano que tarde, a todos”, dijo.

“Los empresarios podrán despedir a los trabajadores mayores y contratar a jóvenes, a quienes no tendrán que pagar los beneficios recortados. Por si fuera poco la ley también establece que la inserción laboral de los jóvenes será a través de contratos a término o temporales de 90 días, al cabo de los cuales se podrá contratar nueva mano de obra”, destacó Caballero.

“Una nueva manifestación está planeada para el 28 de enero, si es que antes de esa fecha el Congreso no deroga la ley. Hay rumores de que desde el Ministerio de Trabajo se puede abrir una brecha para que esto suceda”, indicó el dirigente.

Según datos de la encuestadora Ipsos, un 72 por ciento de los peruanos rechazan la Ley Pulpín.