El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Esta jornada recuerda la tragedia racista ocurrida en 1960 en la ciudad de Sharpeville en Sudáfrica y nos recuerda y exige el compromiso colectivo contra la erradicación de esta todavía presente lacra social.

Desde Comisiones Obreras vemos este día como una nueva oportunidad para renovar nuestro compromiso por construir un mundo de justicia e igualdad en el que no existan discriminaciones por xenofobia ni intolerancia racial.

Este año, Naciones Unidas ha dedicado este día internacional a los desafíos y logros de la Declaración y Programa de Durban-15 años después de que el documento fuera aprobado en la Conferencia mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de 2001 en Sudáfrica.

Desgraciadamente, el racismo y las formas conexas de intolerancia se producen a diario en todo el mundo.

El aumento de la intolerancia y los prejuicios conllevan discriminación, segregación, rechazo a la cultura y a los valores ajenos, y van desde la negación de los derechos humanos -como ocurre en Europa con la crisis humanitaria de los refugiados-, hasta casos de violencia y limpieza étnica.

Asimismo queremos aprovechar la ocasión para denunciar una cuestión que ya lleva años ocurriendo, pese a las múltiples advertencias de sindicatos y otros agentes sociales, como es el hecho de que la Unión Europea carece de una política de inmigración real y efectiva que permita una adecuada gestión de los flujos migratorios y una entrada ordenada y fluida en el territorio de la UE.

La última muestra de ello es el preacuerdo adoptado por el Consejo de Europa con Turquía que evidencia la absoluta insensibilidad de la UE y los Estados miembros ante la crisis humanitaria de los refugiados y refugiadas que arriesgan su vida huyendo de la guerra.

La UE elude su responsabilidad de dar respuesta a los miles de personas refugiadas que se agolpan en sus fronteras mediante un acuerdo con Turquía para deportar a ese país a todos los inmigrantes -económicos y también demandantes de asilo- que lleguen a la UE a través de este país, a cambio de que los Estados miembros reubiquen al mismo número de refugiados asentados en territorio turco.

Al mismo tiempo la UE carece de una normativa conjunta sobre cómo gestionar los flujos migratorios y permitir el acceso de una manera normalizada y fluida a trabajadores y trabajadoras de terceros países: se sigue con un irreal esquema de “inmigración cero” que origina el fomento de las entradas irregulares y el florecimiento de redes de tráfico (e incluso, trata) de personas, que dan pie a catástrofes fundamentalmente en el entorno del Mar Mediterráneo.

Mientras tanto, asistimos a discursos y decisiones xenófobas por parte de muchos Estados miembros, cierres de fronteras, utilización de pulseras para señalar a las personas refugiados, expropiación de sus bienes, etc…que junto al auge de la extrema derecha, galopan a lomos de un agresivo discurso antiinmigración.

En tiempos de crisis generalizadas, las opciones políticas de extrema derecha y/o populistas tratan de afianzar sus discursos sobre falaces debates sobre la identidad, la competencia desleal o el acaparamiento de “ventajas sociales” que vinculan maliciosamente con la inmigración.

Cuando la población extranjera no es sino una víctima más de las brutales políticas de recortes asumidas con la excusa de la mal llamada austeridad: no es casualidad que en tiempos de políticas restrictivas en lo económico, se busquen y pretendan también recortes de libertades y de derechos, y siempre empezando por los colectivos más débiles y vulnerables.

Resaltar en todo caso como muy positivo que en el caso español -con una crisis feroz y un desempleo desatado- socialmente no se han producido un número significativo de respuestas racistas o discriminatorias y ello se debe precisamente al esfuerzo de los sindicatos desde hace años en presentar la inmigración como un elemento normal de una sociedad española compleja y como un vector más del ámbito sociolaboral de nuestro país.

Desde Comisiones Obreras exigimos a la Unión Europea que respete el derecho internacional y desarrolle de forma efectiva sus competencias en materia de gestión de flujos migratorios y de asilo.

Asimismo instamos al actual Gobierno de España y al próximo que se constituya, a que aborde de una manera positiva y proactiva las políticas de inmigración y especialmente aquellas destinadas a la integración social de la población extranjera y de la propia población española, normalizando el acceso a los derechos básicos y fundamentales y respetando la dignidad de las personas, a fin de evitar situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión social que puedan dar pábulo a discursos racistas, xenófobos e intolerantes como lamentablemente estamos asistiendo en otros países de la UE.

Desde Comisiones Obreras nos dirigiremos a la Confederación Europea de Sindicatos, para que lidere una movilización sindical a nivel europeo, al mismo tiempo que emplazamos a las fuerzas políticas y a las organizaciones sociales españolas a mantener un proceso de movilizaciones de la ciudadanía.

Para denunciar la actitud de gobiernos e instituciones europeas y para exigir medidas urgentes ante la mayor crisis humanitaria a la que se ha enfrentado Europa.

Europa no debe perder los valores que la configuran como un espacio común de libertad, seguridad y justicia, que está fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad a los que se refiere el preámbulo de la carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.