En ocasión de nuestra reciente visita a Panamá, dialogamos con Abel Becker, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Agropecuaria y Empresas Afines (SITRAIBANA) para conocer los detalles de esta norma y cómo se está implementando.

-¿Cómo es la situación de los afectados por la masacre del 8 de julio de 2010?
-Complicada en términos de salud y de calidad de vida de esos compañeros.

Finalmente, y después de cinco largos años de ardua lucha, el pasado 30 de abril el gobierno del presidente Juan Carlos Varela sancionó una ley por la cual ofrece una indemnización a los afectados y garantiza que se revise y reajuste cada tres años la cuantía que se pagará a los damnificados.

También logramos que se les brinde como día feriado remunerado el 8 de julio a todos los trabajadores bananeros de la región de Changuinola.

Este era uno de los desafíos que teníamos como dirigencia sindical. Teníamos como un compromiso moral y de principios conseguir que se aprobara este día como de duelo, en memoria a los caídos. Para que nunca se olvide.

Lo otro es que se crea una comisión permanente que se ocupará de dar seguimiento a los afectados, en la que participarán todos los ministerios y la Presidencia de la República, además de los trabajadores.

Nuestra organización Sitraibana será representada en esa comisión por Andrés Becker. Jacinto Quintero, presidente del Comité 8 de julio, y Erasmo Cerrud, del CUNUSI, serán los responsables de dar apoyo a los afectados dentro de este nuevo programa.

-Esto es algo positivo, se reconoce desde la administración nacional que hubo un hecho represivo en esa zona…
-Sancionar una ley que ofrece una indemnización es un paso del Estado panameño, porque reconoce la masacre de esa fecha y abre camino a que se continúe con la investigación de los hechos.

-Cuéntanos sobre los compañeros, los más afectados por la represión…
-Tenemos 82 compañeros que perdieron parcialmente la visión y dos que quedaron completamente ciegos.

Hay dos viudas como saldo de la masacre. En total más de mil trabajadores tienen perdigones en sus cuerpos.

-¿Cómo se dio la atención a estos trabajadores y sus familias?
-Hubo muchas fallas y una clara falta de sensibilidad por parte de las autoridades del momento y de los médicos designados.

Recuerdo el caso paradigmático del compañero Alfredo: recién después de cinco años logramos que le extrajeran un cartucho de bala de su cuerpo. Durante ese período estuvo con esa herida sin curar y sin que nadie le ofreciera ayuda.

Muchos compañeros padecen dolores de cabeza constantes y malestares varios. Además de los dos muertos de ese día, hubo seis casos de suicidio de compañeros afectados.

-¿Cuáles son los pasos a seguir?
-Lo principal será el monitoreo permanente de ley 28 y su total cumplimiento.

Estaremos vigilantes para que no se vuelva a dar una situación semejante en Bocas del Toro, que ningún gobierno tome medidas como las que se tomaron cinco años atrás.

Además quiero aprovechar para agradecer a la Rel-UITA por todo su apoyo, a través de la presencia del compañero Bernabel Matos y la tuya propia.

Estamos muy agradecidos por todo el respaldo que nos ofrecieron difundiendo la situación del pueblo de Changuinola para que llegara a los altos organismos de derechos humanos internacionales y a la opinión pública en general cómo el gobierno de la época se había ensañado contra este pueblo pacífico y trabajador.

Recientemente, la diputada Sulair Rodríguez redactó un proyecto de ley de amnistía para los trabajadores que fueron acusados en ese momento de terroristas y que tenían abiertos expedientes judiciales en su contra.

Con esta ley estos compañeros quedaron libres de cualquier cargo. Esta es otra de las grandes conquistas logradas.