Como Administrador Único Propietario de dicha compañía está registrado en el CNR el señor Walter Mauricio Núñez Alguera, como suplente Mónica Gisela Díaz y Díaz Rivera y como Apoderado Especial el señor Carlos Mauricio Novoa Zamora.

Sin embargo, trabajadores entrevistados que solicitaron el anonimato, mencionaron también al diputado Roberto D´abuisson hijo, a los empresarios de origen español José Ramón Sanfeliu (vinculado en el pasado al taller Moltrock y al caso de Posada Carriles) y a Marcos Martínez (empresario vinculado a Tropigas) como accionistas de dicha empresa de seguridad.

Los empleados afirmaron que están siendo apoyados por otras organizaciones sindicales a la que se encuentran afiliados, asimismo por organizaciones estudiantiles de la Universidad de El Salvador.

Según los agentes de seguridad, la medida de presión se desencadenó por despidos arbitrarios de varios de los afiliados sindicales y esto vino a ser la gota que derramo el vaso pues a pesar que mantienen una mesa de dialogo con el señor Danilo Quezada, quien se desempeña como Jefe de Operaciones, la empresa se ha negado sostenidamente a aplicar los horarios establecidos por la Ley: jornada de 8 horas diurna y 7 nocturna, el pago de horas extras durante los períodos de 24 horas a las que son sometidos. Además frecuentemente se les aplican descuentos sin ninguna autorización ni explicación.

Cómo ejemplo, mostraron recibos de pago quincenales por $121.20 antes de deducciones. En los mismo se podía corroborar, que se les aplicaba descuentos de Impuesto sobre la Renta, impuesto que se reserva a los salarios mayores de $500 desde hace más de tres años.

Asimismo afirmaron que carecen de un seguro de vida para los agentes, que podrían alcanzar las 800 personas a nivel nacional debido a que tienen sucursales en San Miguel y Santa Ana.

Asimismo indicaron haber ya realizado las respectivas denuncias en el Ministerio de Trabajo y que varias gestiones jurídicas están en proceso.

Aunque la empresa en su sitio web afirma que obtuvieron su “autorización de funcionamiento en el año 2005 bajo los lineamientos establecidos por la Ley de Servicios Privados de Seguridad a través de la resolución No. 082/ASP/FUN/REN/2008”, también pudimos corroborar que según el listado de permisos tramitados por las empresas de seguridad proporcionado por la Policía Nacional Civil, la empresa de seguridad no ha actualizado su permiso entre 2009 y 2014 por lo que podría estar funcionando al margen de la Ley.

Los trabajadores también mencionaron que brindan seguridad a las instalaciones de la Cámara de Comercio (miembros de la ANEP), a los bancos CITI y Banco de América Central, Cementera CEMEX, Clínicas del Grupo EMI y a la empresa TROPIGAS.