La resolución por parte del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, y del fiscal de Corte Jorge Díaz, de iniciar un sumario administrativo con posible separación del cargo al fiscal Enrique Viana no es un caso puntual relacionado a una situación laboral concreta, sino que se trata de una clara persecución política.

 

El accionar independiente de Viana, antes denunciando la contaminación por plomo en (el barrio montevideano de) La Teja, oponiéndose a la pastera Botnia y a la industria química Dirox, hoy constituye un freno a la instalación de Aratirí.

 

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dio lugar a la petición del fiscal para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley de minería de gran porte. Pero lo más importante es que Viana anunció que a partir de esta resolución, presentaría una medida cautelar para evitar la firma del contrato con Aratirí hasta que la SCJ se haya pronunciado sobre el recurso, plazo que podría extenderse hasta un año.

 

Sin embargo, la multinacional precisa iniciar la extracción en un plazo más o menos inmediato debido a que el precio del hierro en el mercado está bajando, lo que pondría en cuestión su instalación en nuestro país.

 

Al parecer el ejercicio de amedrentar a aquellos jueces o fiscales que actúan con independencia política, se ha tornado una práctica común en estos últimos años, recordemos el caso del traslado de la jueza Mariana Mota que pretendía avanzar en las causas sobre los delitos de lesa humanidad.

 

Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay expresamos nuestra más profunda solidaridad con el fiscal Enrique Viana, y rechazamos la persecución política de la que está siendo víctima.