Los inspectores encontraron a los empleados de Tyson trabajando más de 10 horas al día. Entre una jornada y otra no permitía ni el intervalo de 11 horas garantizado por ley. Además, muchos empleados tampoco tenían su consagrado descanso semanal.

También se observó la ausencia de mecanismos de protección en máquinas y equipos, además de graves riesgos de escape de gas amoníaco. En el sector de fabricación de harina y aceite, por ejemplo, hubo dos accidentes graves con quemaduras y amputación de dedos.

El informe de Lilian Carlota Rezende, auditora Fiscal del Trabajo, señala que en agosto y septiembre de 2014 se constataron 3.550 casos de jornadas de trabajo que superan las 10 horas al día.

En general, lo habitual eran jornadas de 14 horas de trabajo, exigidas por la compañía. Los intervalos eran de apenas 4 horas entre jornadas de trabajo, cuando la ley exige un mínimo de 11 horas de descanso. Algunos empleados llegaron a trabajar 12 días consecutivos.

De acuerdo con el fiscal del trabajo Sandro Eduardo Sardá, coordinador Nacional del Proyecto de Frigoríficos del MPT, frente a lo que ha sido investigado “es evidente que Tyson de São José ignora las medidas necesarias para impedir el escape de gas amoníaco, poniendo en peligro la vida de los 1.300 empleados de esta unidad”.

Recientemente, los accidentes graves con amoníaco han hospitalizado a 66 empleados en una planta de JBS en Paraná y a más de 30 en Río Grande do Sul.

En la demanda civil del Ministerio Público de Trabajo, se emite una medida cautelar para la adecuación de las jornadas, protección de maquinaria y equipos, así como la adecuación de la fábrica de harina y aceites, y la adopción de medidas para prevenir el escape de gas amoníaco, entre otras medidas.

El Ministerio Público también pide indemnización por daños morales colectivos por valor superior a los 16 millones de dólares, así como indemnización por daños morales individuales. Se solicita también el pago por las horas extra resultantes del incumplimiento del intervalo de 11 horas garantizado por ley.

Lo que preocupa al fiscal Sandro Sardá es que las empresas del Grupo JBS adoptan reiteradamente una conducta deliberada de precarización de las condiciones de trabajo, sin cualquier tipo de preocupación por la salud y seguridad de sus empleados, pese a los graves agentes de riesgo existentes en sus frigoríficos.

“Es inadmisible que JBS, una empresa que ganó casi 500 millones de dólares, sólo en el primer trimestre de 2015, y que tiene 35 por ciento de su capital en manos de bancos públicos (BNDES y Caixa Económica Federal), adopte niveles tan precarios en las relaciones laborales”, concluye.