En Montevideo,
California avanza pero el parlamento frena
El etiquetado de los transgénicos, un campo de batalla
Ilustración: huffingtonpost.es
Mientras California se convierte en el primer estado de Estados Unidos en aprobar el etiquetado como cancerígeno del Roundup, el herbicida que la transnacional Monsanto comercializa para tratar cultivos transgénicos, a nivel federal las grandes corporaciones presionan para que se apruebe una ley que prohíba el etiquetado de los transgénicos.
El 4 de setiembre, la Agencia de Protección Ambiental de California (Cal/EPA) se hizo eco de la decisión, en mayo, de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, dependiente de la Organización Mundial de la Salud) de catalogar como “probablemente cancerígeno en seres humanos” al glifosato, el principio activo del Roundup.
La IARC encontró que ese producto químico (y otros tres: el malation, el paration y el tetraclorato de carbono) pueden causar cáncer y/o deformaciones en humanos, además de afectar a otros seres vivos.
Cal/EPA actuó en función de la enmienda 85 de California, que obliga a divulgar públicamente cuáles son los productos químicos considerados como cancerígenos por la IARC.
“Esta es la primera agencia reguladora de Estados Unidos que determina que el glifosato es un cancerígeno. Se trata de una gran conquista”, comentó el doctor Nathan Donley, científico del Centro para la Diversidad Biológica.
Pero en Estados Unidos, California es una isla.
“No creo que ningún otro estado del país disponga de exigencias de etiquetado similares a las que determina la enmienda 95 determina para California” y que brindan al consumidor las informaciones que necesita para decidir si adquiere o no determinado producto identificado previamente como peligroso, apunta el investigador.
De hecho, en julio, la Cámara de Representantes aprobó una ley sobre “etiquetado seguro y preciso de los alimentos” que según sus críticos en realidad niega a los estadounidenses el derecho a saber lo que están consumiendo.
En claro, el texto, que tuvo una gran oposición -fue aprobado por 275 representantes, mientras 150 votaron en contra- priva a los estados del derecho a crear sus propias leyes de etiquetado de transgénicos.
En caso de que sea refrendada por el Senado, esa ley anulará la ley de etiquetado de Vermont, que entrará en vigor en 2016, y probablemente también la de California.
Grupos ambientalistas han denunciado que las grandes compañías biotecnológicas (entre ellas Monsanto) y del sector de la alimentación (entre ellas Coca Cola y Pepsi) gastaron en 2014 alrededor de 64 millones de dólares en campañas en favor de la ley, el triple de lo que invirtieron en 2013 con el mismo fin.
Las mismas empresas, y otras, invirtieron a su vez unos 105 millones de dólares en campañas específicas contra leyes de etiquetado en discusión en California, Washington, Colorado y Oregon.
La IARC encontró que ese producto químico (y otros tres: el malation, el paration y el tetraclorato de carbono) pueden causar cáncer y/o deformaciones en humanos, además de afectar a otros seres vivos.
Cal/EPA actuó en función de la enmienda 85 de California, que obliga a divulgar públicamente cuáles son los productos químicos considerados como cancerígenos por la IARC.
“Esta es la primera agencia reguladora de Estados Unidos que determina que el glifosato es un cancerígeno. Se trata de una gran conquista”, comentó el doctor Nathan Donley, científico del Centro para la Diversidad Biológica.
Pero en Estados Unidos, California es una isla.
“No creo que ningún otro estado del país disponga de exigencias de etiquetado similares a las que determina la enmienda 95 determina para California” y que brindan al consumidor las informaciones que necesita para decidir si adquiere o no determinado producto identificado previamente como peligroso, apunta el investigador.
De hecho, en julio, la Cámara de Representantes aprobó una ley sobre “etiquetado seguro y preciso de los alimentos” que según sus críticos en realidad niega a los estadounidenses el derecho a saber lo que están consumiendo.
En claro, el texto, que tuvo una gran oposición -fue aprobado por 275 representantes, mientras 150 votaron en contra- priva a los estados del derecho a crear sus propias leyes de etiquetado de transgénicos.
En caso de que sea refrendada por el Senado, esa ley anulará la ley de etiquetado de Vermont, que entrará en vigor en 2016, y probablemente también la de California.
Grupos ambientalistas han denunciado que las grandes compañías biotecnológicas (entre ellas Monsanto) y del sector de la alimentación (entre ellas Coca Cola y Pepsi) gastaron en 2014 alrededor de 64 millones de dólares en campañas en favor de la ley, el triple de lo que invirtieron en 2013 con el mismo fin.
Las mismas empresas, y otras, invirtieron a su vez unos 105 millones de dólares en campañas específicas contra leyes de etiquetado en discusión en California, Washington, Colorado y Oregon.
Rel-UITA
6 de octubre de 2015