A continuación transcribimos lo medular de su ponencia:
“El informe de los expertos sobre los instrumentos relativos al derecho de asociación y las organizaciones de trabajadores rurales, es dramático en sus conclusiones “La Comisión lamenta verse obligada a tomar nota de que las duras condiciones de vida y trabajo en las que se encuentra el sector rural son en gran medida las mismas que había en 1975 — y que, de hecho, en algunos lugares, no son distintas de las que existían en 1921”.

Los expertos sintetizan estos instrumentos en dos grandes principios, “que la legislación y la práctica garanticen el ejercicio pleno de la libertad sindical de los trabajadores agrícolas y rurales; y, en segundo lugar, que las organizaciones de trabajadores rurales cuenten con el apoyo suficiente para garantizar la participación efectiva de los trabajadores rurales en el desarrollo”.

En nuestro país el abandono estatal, la ausencia de políticas públicas y la persistencia del conflicto armado por cinco décadas, han producido una de las más graves crisis humanitarias del mundo, seis millones de desplazados, muchos de los cuales fueron despojados de sus tierras, y quienes todavía viven en las zonas rurales están sometidos a situaciones de exclusión y pobreza superiores al 80 por ciento intolerables en pleno siglo XXI.

Colombia ocupa el segundo lugar de los países más desiguales de América, y los dos factores que más inciden en esta situación son la altísima concentración de la propiedad de la tierra y de los ingresos.

Las relaciones laborales para más de cuatro millones de trabajadores rurales de nuestro país, con muy pocas excepciones, no están regidas por el Código Sustantivo del Trabajo, más del 90 por ciento de los trabajadores rurales se encuentran en la informalidad, no tienen un contrato de trabajo y no cuentan con protección social.

Los ingresos de la mayoría de los trabajadores rurales están por debajo del salario mínimo.

En las actividades de la agroindustria, como por ejemplo, en el cultivo de palma africana, se imponen modelos de tercerización, a través de cooperativas de trabajo asociado, y contratos sindicales, que impiden no solo el disfrute de los derechos laborales, sino que y de manera principal, se convierten en un gran obstáculo para el ejercicio de la libertad sindical.
En el sector floricultor la temporalidad y precariedad del empleo son generalizadas, y en el sector caficultor no ha sido posible establecer organizaciones sindicales.

En los sectores del banano y del azúcar, el establecimiento de los derechos laborales y de las organizaciones sindicales ha costado miles de despidos y cientos de asesinatos de dirigentes sindicales.

La CUT de Colombia espera que esta discusión impacte en la voluntad del gobierno colombiano, para que tome la decisión de dotarse de instrumentos legales e institucionales que permitan la construcción de trabajo decente en las zonas rurales.

En particular esperamos que el gobierno colombiano someta a ratificación el convenio 141 “sobre las organizaciones de trabajadores rurales”, y del convenio 184 “sobre la seguridad y la salud en la agricultura”.

Pero como bien lo señalan los expertos, estos instrumentos, implican para los Estados, la adopción de políticas activas, de promoción de la organización sindical de los trabajadores rurales, de protección de la salud, y sobre todo de fortalecimiento de la inspección del trabajo en el campo.

La consolidación de una paz duradera, de manera principal se tendrá que construir en el campo colombiano, y para lograrlo creemos que es imprescindible instaurar y normalizar dos instituciones básicas, el contrato laboral y la organización sindical, y para ello será necesario una presencia del Estado a través del Ministerio del Trabajo y la inspección de trabajo.

En esta sesión conocimos de un memorando de entendimiento entre el gobierno de Colombia y la OIT para que esta preste asistencia técnica en la implementación de las normas internacionales del trabajo relativas a los trabajadores rurales.

La CUT Colombia, espera que el gobierno de este país cumpla en primer lugar con las conclusiones de la Misión de alto Nivel que visito el país en febrero de 2011 y con los compromisos adquiridos con el gobierno de Estados Unidos en el marco del Plan de Acción Laboral, antes de  adquirir nuevos compromisos con la OIT.