El desempleo es situado como la principal preocupación de los españoles desde hace mucho tiempo, según el barómetro realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que en su último boletín de marzo de 2013 reveló que este asunto es mencionado por el 81,6 por ciento de los encuestados. Y la verdad, no es para menos.

 

 

Cuando el martes 2 de abril de 2013 se conocieron públicamente los últimos datos sobre el paro, proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, éste solo se había reducido en 4.979 personas, cuando en ese período estaban las vacaciones de Semana Santa, durante las cuales habitualmente se reduce el paro por las contrataciones en la hotelería y el comercio.

 

 

Pero en realidad el número de desempleados es mayor, debido al subregistro de la fuente utilizada, que por ejemplo no contabiliza a quienes estando en paro no se inscriben en las oficinas de empleo.

  

En este sentido, según la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) para calcular la tasa de desempleo, a finales de 2012 el número de parados en España ascendía a 5.965.400 personas, un 26,02 por ciento. Un porcentaje al que no se había llegado jamás desde que se realiza esta serie.  Esa cifra coincide con la de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, según la cual la tasa de desempleo en España en enero de 2013 se situaba en el 26,2 por ciento. Sólo Grecia (con un 27 por ciento en noviembre de 2012) supera esa tasa en la UE.

 

España queda por encima de Portugal (17,6 por ciento), Irlanda (14,7), y por supuesto del 10,8 por ciento  de la media de una  Europa  con más de 26 millones de desempleados.

 

Pero estas cifras podrían ser incluso superiores, si tomamos en cuenta las advertencias de los profesores de salud pública Joan Benach y Carles Muntaner, cuando certeramente señalan que en condiciones de deterioro de las estructuras públicas de protección social, como sucede en España, se incrementa el número de personas que ni tan siquiera se pueden plantear la búsqueda de empleo, y por tanto tampoco se reflejan en las encuestas. Este podría ser el caso, explican, de personas con enfermedades de larga duración o madres que pensarían en buscar empleo si existieran servicios de atención a la infancia adecuados a sus necesidades.

 

 

Las previsiones a corto plazo tampoco son favorables. A finales de marzo de 2013 el Banco de España alertaba que este mismo año la tasa de paro podría alcanzar el 27,1 por ciento.

 

 

La drástica caída en la ocupación y la necesidad de mejorar la competitividad para poder generar empleo han estado en la base argumental de las dos grandes reformas laborales que los gobiernos españoles han llevado a cabo con escasa diferencia de tiempo.

 

En junio de 2010, bajo el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, se aprobó una primera reforma laboral por decreto-ley, tramitada como proyecto de ley en septiembre de ese mismo año. La siguiente tuvo lugar en febrero de 2012, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular.

 

Ambas reformas provocaron la oposición sindical y de multitud de colectivos ciudadanos. Los momentos álgidos de este rechazo social fueron la huelga general del 29 de septiembre de 2010, las manifestaciones masivas del 18 y 19 de febrero de 2012 en más de una cincuentena de ciudades en toda España y una nueva huelga general el 29 de marzo de ese mismo año.

 

 

A estas alturas los datos oficiales de desempleo son elocuentes, y es evidente que las reformas laborales han tenido escaso éxito en la creación de trabajo.

 

De hecho, durante 2012 se perdieron 850.000 empleos más .Pero a pesar de las cifras, el presidente Mariano Rajoy afirmaba a finales de enero de 2013 en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que “la reforma laboral está funcionando muy bien”.

 

Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, explicaba que gracias a la mayor flexibilidad en las relaciones laborales impulsada por medio de la reforma y, por tanto de una mayor competitividad, se estaba logrando que no se destruyera más empleo.

 

En la misma dirección se ha manifestado reiteradamente Joan Rosell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quien también percibía cierta ralentización de la destrucción del empleo para, a continuación, reclamar que se siga “apostando por medidas de flexibilidad laboral”.

 

Las declaraciones del jefe de la patronal delatan la intención real de las reformas: flexibilizar el mercado de trabajo para ganar competitividad empresarial. Esto no significa otra cosa que reducir costes laborales por medio de debilitar aún más la capacidad de los trabajadores en la negociación de cómo se redistribuyen los beneficios generados y de sus mismas condiciones de trabajo.

 

En anteriores crisis, las autoridades españolas habían podido devaluar la moneda y ganar así competitividad en el exterior, pero ahora, con la pérdida de soberanía que ha supuesto la construcción de la Unión Europea y el euro, esto se adivina imposible, como mínimo dentro de este marco institucional. Si de esto iban las reformas, sus resultados empiezan a tener otra cara, y hasta dan sentido a las valoraciones de la ministra Báñez cuando decía que en el Ejecutivo estaban “moderadamente satisfechos” con la reforma. Veamos por qué.

 

 

Según los últimos datos publicados por Eurostat, que tienen como referencia el tercer trimestre de 2012, los salarios de los trabajadores españoles se redujeron notablemente con respecto a la media europea.

 

Los costes laborales unitarios (los sueldos en proporción al PIB) perdieron 5,1 puntos entre 2010 y 2013, en una escala de 100 que tiene su referencia en 2005, mientras que en el conjunto de la Unión Europea aumentaban en 4,8 puntos. En países como Italia el coste del trabajo se incrementó en 4 puntos, en Francia 4,2 y en Alemania 4,5.

 

Otra fuente confirma esta misma tendencia. Según el Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA), difundido a principios del mes de marzo el INE, durante el último cuarto trimestre de 2012 el coste por hora trabajada en España había disminuido un 3,1 por ciento con respecto al mismo período el año anterior.

 

El principal responsable de esta reducción fue la administración pública, donde los costes laborales descendieron un 15,4 por ciento, las actividades sanitarias y de servicios sociales (9,9 por ciento de reducción),  y la educación, con un 5,3. En la industria manufactura estos costes se incrementaron en un 1,6 por ciento, aunque se mantuvieron por debajo del aumento de la inflación, que en 2012 fue de 3 puntos, según el INE.

 

Esta mejora de la competitividad española empieza a ser celebrada ya por entidades financieras como Morgan Stanley,  banco de inversiones y agente de bolsa con sede en Nueva York, que en un reciente informe citado por el diario El Economista decía que “España puede ser la próxima Alemania”, haciendo referencia, claro está, a la flexibilidad de su mercado laboral.

 

Por su parte, el BBVA Research, servicio de estudios económicos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, afirmaba que desde 2008 la productividad por empleado en España había crecido en más de un 10 por ciento, la mayor entre los países de la zona euro, debido a la moderación salarial]. También la Comisión Europea se congratuló que en España se vislumbraran signos de que  “los salarios se estuvieran volviendo más sensibles a la situación económica”.

 

 

Al fuerte desempleo existente, que provoca miedo entre los trabajadores y dificulta la defensa de sus derechos y condiciones laborales, se suma una reforma laboral que contribuye también a este proceso de contención y rebaja de los salarios.

 

Como bien recordaba Rodrigo Fernández Miranda, investigador de Alba Sud, en base a un informe del Colectivo IOE, esta situación se traduce también en un cambio en la distribución del Producto Interno Bruto (PIB) entre asalariados y empresariado: “Mientras que entre 1995 y 2010 la población asalariada ha percibido el 48,8 por ciento del PIB y el empresariado el 41,7, en el primer trimestre de 2012 por primera vez los excedentes del empresariado han superado a las rentas salariales.

Los beneficios empresariales durante ese período crecieron un 47,8 por ciento en términos de PIB, y la revalorización de las acciones de las empresas en un 371, aumentando la fisura económica entre ambas clases sociales”

 

Esta reducción de las retribuciones, sumado al incremento de precios y el empeoramiento de los servicios públicos se traduce en pérdida de poder adquisitivo de los asalariados. La combinación de estos distintos factores está haciendo que se incremente también la tasa de pobreza laboral, es decir aquellas personas que a pesar de tener empleo rozan la pobreza, que aumentó del 10,7 por ciento en 2007 a 12, según el Primer Informe sobre la Desigualdad en España 2013 de la Fundación Alternativas.

 

 

La amenaza del desempleo se convierte de este modo en un mecanismo de presión para la rebaja salarial. Un ejemplo especialmente significativo es el conflicto laboral que se ha vivido recientemente en Iberia. La compañía española está en un momento crítico tras su fusión con British Airways en 2009, y su viabilidad parece estar en entredicho.

 

En este contexto, la empresa anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que 3.800 trabajadores podrían ser despedidos. En medio de una huelga que derivó en fuertes protestas e incidentes, y con un ambiente muy tenso, el mediador entre la empresa y los representantes de los trabajadores, Gregorio Tudela, propuso un acuerdo por el cual se rebajarían en 667 los despidos, dejándolos en 3.140, un 16 por ciento de la plantilla, a cambio de reducir también los salarios en un 7 por ciento al personal de tierra y un 14 al personal de vuelo.

 

El 13 de marzo la mayoría de organizaciones sindicales decidieron finalmente aprobar la propuesta planteada. Más allá de lo que cada organización sindical respondiera, y de las circunstancias que les llevaron a ello, el caso ilustra cómo están operando estos mecanismos de presión sobre los trabajadores y trabajadoras.

 

Otro caso significativo, que vincula ocupación y reducción salarial, es el conflicto laboral que se vivió el año pasado en la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona.

 

En 2012 la compañía japonesa había propuesto trasladar a esta fábrica la construcción de un vehículo que hasta el momento se estaba elaborando en el Reino Unido. Según la empresa esto implicaría la creación de 1.000 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos.

 

Para hacer efectiva esta inversión exigía a los sindicatos un plan de competitividad que impulsaba nuevas medidas de flexibilidad e imponía una doble escala salarial, con sueldos más bajos para los nuevos trabajadores.

 

Y en el caso de no llegar a un acuerdo advertía que en poco menos de dos años la empresa podría perder unos mil empleos de los actualmente existentes. Tras un largo conflicto, en el que las negociaciones se dieron por rotas y las autoridades públicas intervinieron repetidas veces para promover el entendimiento, los sindicatos tuvieron que aceptar el acuerdo a cambio de “blindar” las condiciones de la actual plantilla.

 

Los conflictos en grandes empresas como Iberia y Nissan ponen en evidencia cómo bajo unas condiciones de desempleo dramáticas, el empresariado está imponiendo fuertes reducciones en los costos salariales, e incluso disminuyéndolos aún más para las nuevas contrataciones, lo que provoca mayor segmentación entre los trabajadores.

 

 

Si esto ocurre en las grandes empresas, donde hay más capacidad de resistencia, la presión es aún mayor para el conjunto de los asalariados.

 

En este sentido, son ilustrativas las declaraciones del 26 de marzo de 2013 de Luis María Linde, gobernador del Banco de España, instando a que se aprovechara la reforma laboral para moderar los salarios, considerando que esto podía contribuir a frenar la destrucción de empleo.

 

Estas palabras fueron inmediatamente aprovechadas por Joan Rosell para insistir en que la moderación salarial era la “dirección lógica^”. Ello se tradujo pocos días después en una circular conjunta de la CEOE y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) recomendando que en las negociaciones colectivas para los años 2013 y 2014 los salarios no subieran más del 0,6 por ciento, e incluso se congelaran o bajaran, en contraste con la ya señalada subida de la inflación.

 

El desempleo actúa una vez más como un mecanismo de disciplinamiento de la fuerza laboral, lo que popularmente llamamos chantaje. Y de forma paralela a esta reducción de salarios se está incrementando la precariedad del trabajo en sus múltiples dimensiones, pero sobre ello hablaremos en la próxima entrega de esta serie sobre los “relatos de una crisis”.