En la carta dirigida a los estados miembros para invitarles a participar en el Consejo Extraordinario del pasado día 23, el presidente del Consejo señalaba que la prioridad de esta reunión era impedir que mueran más personas en el mar. Pero estas intenciones del presidente no sirvieron de nada.

Tras un primer punto donde los líderes europeos declaran que efectivamente, su prioridad inmediata es evitar que más personas mueran en el mar, las medidas concretas que presentan nada tienen que ver con este objetivo y sí con la vigilancia en las fronteras.

Pretenden incluso colocar la frontera en otros países, es decir, “subcontratar” a países de origen y tránsito para que no dejen pasar a los inmigrantes que tratan de llegar a Europa, “externalizando” las fronteras de la Unión Europea.

No reconocen la responsabilidad que tiene la Unión, sus estados miembros, sus empresas, su política comercial, en la situación de determinados países, y confunden a la opinión pública con una política de migración que en realidad no lo es y que acepta los muertos como un coste menor.

Su prioridad nunca han sido las personas, y menos aún si no tienen la nacionalidad de un estado miembro o un estatus económico adecuado. La declaración se maneja con una concepción de la política de inmigración donde lo excepcional aparece como el núcleo.

Pero ni siquiera en esto la Unión Europea es capaz de hacer una política integral: interpreta las normas según sus intereses y quiere seleccionar la inmigración que le llega, incluida la que lo hace de forma irregular.

En nuestro caso, tenemos frontera terrestre y marítima. El ministro del Interior realizó deplorables declaraciones acerca de que las operaciones de salvamento tienen un efecto llamada.

Habrá sido un alivio para el gobierno español, que tiene un horizonte de pensamiento bastante corto tanto hacia el pasado como hacia el futuro, que la declaración del Consejo de la UE se refiera exclusivamente a las fronteras marítimas, porque la medida que habla de tramitar las solicitudes de asilo implica la identificación de las personas.

Ese punto, en el caso de las fronteras de Ceuta y Melilla, tras la modificación de la ley de Extranjería que permite las devoluciones en frontera (o sea, después de haberlas cruzado) le supondría más cuestionamientos de los que ya está teniendo por parte de organismos internacionales.

Pero olvida el gobierno español que nuestras fronteras también son marítimas y que en todos estos años las redes de tráfico de seres humanos van cambiando las rutas en función de varios factores.

Hoy son Italia y Grecia los destinos de los inmigrantes porque el principal país de tránsito es Libia, pero mañana puede volver a serlo España, como lo fue en el pasado, bien hacia las costas andaluzas, bien hacia Canarias.

Resulta de una hipocresía difícil de soportar que el gobierno de España se haya ofrecido a llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la situación de los migrantes en el mar; a las mismas Naciones Unidas que han cuestionado la actuación de España por convertir en “legal” una práctica como las devoluciones en caliente de los inmigrantes o la eliminación de la asistencia sanitaria.